Piden informes a la municipalidad de Corrientes por obras que busca hacer en un sitio de la memoria

El Estado Nacional y la Justicia Federal de Corrientes pidieron informes a la municipalidad de la capital provincial por una ordenanza que la habilita a realizar obras dentro de un ex centro clandestino de detención de la dictadura, actualmente bajo una medida cautelar y declarado sitio de memoria. El presidente del Archivo Nacional de la Memoria, Sergio Kuchevasky, solicitó a la comuna de Corrientes “con carácter de urgente” un informe sobre los recaudos legales para el dictado de una ordenanza que declara “de interés municipal” y afectado al uso público el predio del ex Regimiento de Infantería 9, utilizado por la última dictadura como centro clandestino de detención. De acuerdo con la nota enviada al municipio a la que accedió Telam, el objetivo es “garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales que pesan sobre el predio, atento a que” esa Dirección no fue “notificada ni consultada”. El Regimiento 9 se encuentra bajo el alcance de la Ley 26.691, de Sitios de Memoria, por lo cual la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, así como la Dirección Nacional de Sitios, son autoridades de aplicación y tienen la facultad de la preservación del lugar. Al igual que el titular del Archivo Nacional de la Memoria, el juez federal de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, emitió misiva al intendente, Eduardo Tassano, para recordarle que “pesa" sobre el predio "una medida cautelar de no innovar, que fue notificada, dijo, "en reiteradas oportunidades a ese organismo a su cargo”. “Todo ello con el afán de proteger de cualquier tipo de alteración el citado predio”, indica el planteo judicial y añade: “La importancia de lo peticionado obedece a que dicho espacio hasta el día de hoy es fuente de los juicios de lesa humanidad que se vienen desarrollando”. “De ahí la importancia de preservarlos para ser utilizados como espacio de memoria activa en lo que respecta a los hechos de terrorismo de Estado y violación sistemática de los derechos humanos sucedidos durante la última dictadura en nuestra ciudad”, indica la nota. De acuerdo a la ordenanza 4528 cuestionada, impulsada por el Ejecutivo Municipal de Corrientes, el predio militar fue declarado como de interés y sujeto a obras, sobre la base de una pretensión oficial de desarrollar infraestructura urbana.