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Quiere evitar que su pareja aborte: la medida cautelar fue hecha en el Juzgado de Familia

La abogada del hombre confirmó que él se contactó con ella “angustiado” por el terror que le provoca el “perder a su hijo”.

El caso puede establecer un precedente en la Justicia sanjuanina. Imagen ilustrativa.

POR REDACCIÓN

21 de abril de 2021

Una mujer pidió a una obra social, establecida en San Juan, la autorización para hacerse un aborto en una clínica privada, pero su esposo quiere "ejercer su derecho a ser padre y que se respete la vida de su hijo". Para ello contactó a los abogados Mónica Lobos y Martín Zuleta para que estudien el caso. Este miércoles presentaron una medida cautelar en el Juzgado de Familia para que se “proteja el embarazo” hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Si bien la letrada Mónica Lobos tiene la confianza de que se "respetará la Constitución Nacional y que se garantizará derechos esenciales del progenitor y su hijo", estudia junto al abogado Zuleta otros recursos en la Justicia sanjuanina.

El hombre y la mujer (de quien se resguarda su identidad por pedido expreso) están distanciados en este momento por el pedido de aborto. 

“Es un papá que está presente, que quiere que nazca su hijo, que quiere proteger a su hijo y que está en este momento devastado por la posibilidad de perderlo”, dijo la abogada Lobos, que representa su causa.

“Acá nos encontramos ante una vulneración de derechos: el derecho a la vida, el derecho a nacer, el derecho de igualdad, el derecho a ejercer la responsabilidad parental cuidando y protegiendo a su hijo, que se encuentra amenazado de muerte", explicó la letrada.

“Pedimos que se proteja la vida del niño y que la obras sociales, como cualquier otra entidad pública o privada se abstengan de realizar la práctica abortiva porque esta aniquilación de derechos no es subsanable. Una vez muerto el niño sea cual fuere la decisión del tribunal sobre la cuestión de fondo, será imposible revertir y garantizar el respeto a los derechos esenciales que pedimos sean protegidos”, resaltó después.

“En los fundamentos de la Ley Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue común escuchar que el derecho a la vida no es un derecho absoluto, lo cual ahora me pregunto: la libertad de una mujer ¿es un derecho absoluto? ¿Puede imponerse aun vulnerando y eliminando derechos de otras personas? ¿Qué igualdad pretendemos lograr como sociedad? ¿Un enfrentamiento entre hombres y mujeres o una igualdad real que tienda a la justicia?", agregó preguntándose. 

En el análisis de la doctora Lobos la reciente Ley IVE sancionada se opone a la Constitución Nacional y tratados internacionales. "Confiamos en que la justicia pueda resolver y garantizar derechos esenciales de los más vulnerables", cerró. Desde el lado de la Justicia se puede establecer un precedente en la provincia con respecto al derecho que tengan los hombres sobre ejercer su paternidad.

La mujer tiene 12 semanas de embarazo y solo quedan dos semanas para que pueda practicarse el IVE. Según la normativa, las mujeres pueden realizarse el aborto hasta las 14 semanas de gestación.

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