Rosales- Campos, unidos por lo nefasto de la política, que tiene que dar otras señales.

Días atrás se conoció que el dirigente político Jorge Rosales cobraba dos sueldos del Estado, o sea algo que es irregular, y que roza lo delictivo.

La cobertura periodística de este diario fue con detalles únicos, por lo que sería irrespetuoso, profesionalmente hablando, internarme en tales cuestiones; pero si me impone una reflexión con la mirada en la necesidad de cambio en lo político. Este sector social que tiene la responsabilidad de gestionar el presente y construir el futuro de la sociedad en la que gobierna; sufre ataques que muchos de ellos tienen su sustento en el propio comportamiento tanto de acción como de omisión.

En donde se dan las dos situaciones (acción y omisión) es en el Caso Rosales. Una acción que debe ser investigada penalmente y una omisión en denunciarla. A ver. Rosales cobraba ilegalmente dos sueldos. Fue echado del cargo que fue nombrado en el gobierno provincial, pero mantiene su “estabilidad como empleado público en la Municipalidad de la Capital”.

No entiendo como no hubo denuncia penal por entre otros delitos, "enriquecimiento ilícito, estafa, abuso de autoridad y administración fraudulenta"; además del sumario administrativo. Si los propios dirigentes políticos provinciales y municipales, no hacen la denuncia penal y no lo echan de su cargo como empleado público municipal, entonces serán tan culpables como Rosales para que la sociedad siga pensando que la “Política es el nido de la corrupción”.

Tienen una gran oportunidad. Háganse cargo pensando en la sociedad y no en la falsa solidaridad al compañero, porque no lo merece por el daño que produjo además a toda la dirigencia política. Transcribo el artículo 76 del Estatuto del Empleado Público que espero sea cumplido: “Podrá sancionarse con exoneración por las siguientes causas: a) Condena judicial por delitos no peculiares de la administración, cuando el hecho sea doloso y de naturaleza infamante. b) Delito peculiar de la Administración Pública. c) Falta grave que perjudique, material o moralmente, a la Administración Pública.”

Otro caso transversal en la corrupción política es la del concejal capitalino Gonzalo Campos, que decidió con liviandad irse de Producción y Trabajo hacia el justicialismo porque en su partido no le dejaron participar de internas; algo que tiene previsto la ley. Primera conclusión: Al legislador Campos no le interesa lo que dice la ley, o sea manda a incumplirla.

Segunda Conclusión: RENUNCIE AL CARGO DE CONCEJAL. Sáquese los privilegios políticos, porque Usted fue votado por electores que piensan distinto al justicialismo.

Una vergüenza, que debe ser condenada por todos. El justicialismo no debiera aceptarlo, si previo no renuncia a su cargo de Concejal. Siempre así, la fácil. Una vergüenza social. Esperamos de Campos una conducta de altura, que haga honor a su Apellido como supo llenarse la boca al denunciar su salida del partido que lo vio nacer.

Para finalizar, en algún cajón del autoritarismo oficialismo de la Cámara de Diputados provincial hay un proyecto de la diputada Laciar, que modifica la ley de partidos políticos que prohíbe a los procesados por delitos de corrupción (sintetizados así conceptualmente ya que este delito como tal no existe) ser candidatos a cualquier cargo. A nivel nacional el senador Basualdo presentó el mismo proyecto, que también la mayoría no permite su tratamiento.

Vamos políticos, a limpiar la propia casa.