Rosales planea devolver en cuotas el dinero que cobró indebidamente en Capital

Si no hay sorpresas de último momento, el exfuncionario Jorge Rosales firmará hoy un convenio de pago con la Municipalidad de la Capital para devolver los más de 700 mil pesos que cobró indebidamente. En la comuna ostenta un cargo de planta permanente en el que había pedido licencia sin goce de haberes para asumir en otro en la provincia, pero un organismo de control descubrió que siguió percibiendo el sueldo y lo intimaron a reintegrar el dinero. Con el acuerdo, busca evitar que las autoridades municipales lo echen.

Rosales es un dirigente peronista de larga trayectoria, que supo ser concejal en los 90´ y principios de la década del 2000 y hasta ministro de Desarrollo Humano en la gestión giojista. En el Concejo Deliberante de Capital es empleado efectivo desde hace muchos años, pero en 2016 dejó de ejercerlo porque pidió un permiso sin derecho a cobrar sueldo para asumir en la provincia como miembro del Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan (Copesnj).

El exfuncionario quedó en la mira cuando el Tribunal de Cuentas detectó que a pesar de su licencia en Capital, siguió percibiendo el sueldo como si nada pasara. El organismo determinó que cobró indebidamente cerca de 730 mil pesos (una misma persona no puede tener dos sueldos del Estado, al menos que uno sea por un cargo docente) y lo intimó a devolver los fondos para saldar el perjuicio que le generó a las arcas del Estado.

En su entorno aseguraron que hoy en la mañana tiene previsto ir al edificio municipal y suscribir un convenio, para devolver en cuotas la totalidad de lo que lo que se llevó. De esta forma, no sólo cumpliría con la intimación que le hizo el Tribunal de Cuentas sino que intentará mostrar buena voluntad y zafar de la peor sanción que le podría caber en la comuna, la cesantía.

El tema ya le causó un gran dolor de cabeza a Rosales, debido a que el gobernador Sergio Uñac lo echó del Copesj apenas se enteró de la irregular situación. Y ahora se expone a seguir la misma suerte en el municipio, donde le iniciaron un sumario administrativo que podría terminar con su apartamiento del único cargo que le queda.

Se trata de un verdadero escándalo que, además de Rosales, involucra a personal del municipio. El Tribunal de Cuentas también acusó al jefe de Personal del Concejo, Gerardo Ávila; al liquidador de Sueldos, Juan Carlos Vargas; a la directora de Recursos Humanos, Marisol Rabiti, y al auditor General, Elio Castro López, por ser los responsables del circuito de liquidación y depósito de los sueldos municipales.

El sumario administrativo que dispuso el intendente Franco Aranda seguirá su curso aun si Rosales firma y cumple el compromiso de pago. Esto, porque la sanción administrativa que le podría caber va por otro camino. Igual que le responsabilidad de los empleados cuestionados y si alguno de ellos actuó con intención o por puro descuido.