Exfuncionario devolverá en 56 cuotas los sueldos cobrados ilegalmente

Como había adelantado este diario, el conocido dirigente Jorge Rosales firmó ayer un convenio con la Municipalidad de la Capital para devolver en 56 meses los sueldos netos que percibió en forma indebida durante más de 2 años. Entre capital e intereses, el monto total asciende a cerca de 650 mil pesos y los abonará en cuotas de algo más de 11.500 pesos. El protagonista de la historia siguió cobrando como planta permanente del municipio a pesar de haber pedido licencia sin goce de haberes para asumir como funcionario en la provincia, hasta que lo descubrieron y el gobernador lo echó.

Rosales suscribió el acuerdo en horas de la mañana con autoridades municipales y de inmediato, mandó el documento al Tribunal de Cuentas. Allí, los miembros lo evaluarán y decidirán si le levantan los cargos que le formularon por haberle causado un perjuicio económico a las arcas de la Capital.

Conocido militante y dirigente peronista, Rosales supo ser concejal y ministro en la era giojista. Luego volvió a su cargo de planta permanente en Capital, hasta que en 2016 lo convocaron desde el Gobierno provincial para ser miembro del Consejo la Planificación Estratégica de San Juan (Copesj).  Al no poder cobrar dos sueldos del Estado, no le quedó otra que pedir un permiso en el municipio para ser designado en su nuevo trabajo.

Lo cierto es que el organismo de control detectó que continuó embolsando sus remuneración en Capital por más de 2 años y lo intimó a devolverlas. Todo salió a la luz hace dos semanas  y fue suficiente para que el gobernador Sergio Uñac lo echara del Copesj.

Ayer, el exfuncionario hizo caso a la exigencia del Tribunal de Cuentas para evitar ser ejecutado judicialmente y se comprometió a abonar la deuda en 56 cuotas de 11.578 pesos, es decir en un plazo de 4 años y medio que se extenderá hasta 2023, cuando le falte poco para jubilarse en el municipio. Incluso, dijeron fuentes calificadas, ya hizo el primer desembolso.

Rosales busca, por otro lado, mostrar buena voluntad para subsanar la irregularidad y esquivarle a una dura sanción en el único trabajo que le queda. Es que, paralelamente, Capital le inició un sumario que puede derivar en su cesantía.

El Tribunal de Cuentas le reclamaba casi 730 mil pesos, pero eso era fruto de los sueldos en bruto.  Las fuentes explicaron que lo que pagará realmente es el neto, o sea lo que se metió a su bolsillo, más un préstamo que obtuvo en la Caja de Acción Social usando su recibo de sueldo, más los intereses, lo que suma  648.413,92 pesos.

La diferencia con el reclamo inicial está en los descuentos que le practicaron por obra social, Caja Mutual y aportes jubilatorios. Son 80 mil pesos y los que podrían ser obligados a cancelarlos son 4 funcionarios municipales que están sumariados por no advertir el supuesto error.