Uñac echó a un funcionario por cobrar sueldos indebidamente

Se llama Jorge Rosales y si no puede justificar la irregularidad que le imputa el Tribunal de Cuentas, tendrá que devolverle al Estado varios cientos de miles de pesos. El exconcejal y ministro de la gestión giojista es empleado de la Capital y si bien pidió licencia sin goce de haberes para asumir en 2016 un cargo en el Gobierno provincial, siguió cobrando el sueldo en el municipio a pesar de que la ley lo prohíbe. Cuando se enteró, el gobernador Sergio Uñac ordenó echarlo.

El escándalo trascendió cuando el Tribunal de Cuentas notificó a Rosales de la anomalía y lo intimó a devolver el dinero que cobró indebidamente, dijeron fuentes vinculadas a la investigación. La novedad llegó a Casa de Gobierno y rápidamente resolvieron sacarlo del cargo que ocupaba en el Consejo para la Planificación Estratégica de San Juan (Copesj).

Rosales es una conocida figura del PJ y además de concejal de Capital, llegó a ser ministro de Desarrollo Humano en la gestión anterior. En el municipio tiene un cargo de planta permanente, en el Concejo Deliberante, pero no lo ejercía porque pidió permiso para ocupar el puesto en el que fue designado hace 3 años en el Copesj.

La licencia era sin goce de haberes, es decir que no tenía que seguir percibiendo el sueldo en el municipio mientras durara su designación en el Ejecutivo provincial. No obstante, en la comuna le siguieron depositando y él continuó cobrando como si nada pasara.

Las fuentes aseguraron que la maniobra va en contra de lo que establece la Ley de Ética Pública y el Convenio Colectivo de Trabajo municipal, porque un empleado no puede cobrar dos sueldos en el Estado simultáneamente (al menos que en un uno ejerza la docencia). Por eso, Rosales quedó en el ojo de la tormenta y ahora debería devolver los casi 730 mil pesos que embolsó todo este tiempo por su salario en la Capital.

En el organismo de control advierten que lo del exfuncionario fue intencional. Concluyen que aunque él solicitó la licencia y el municipio le siguió depositando, cuando fue al cajero se encontró con el dinero y lo cobró sabiendo que estaba mal. En todo caso, aseguraron, debería haber informado de la situación para que le dejen de pagar.

Al mismo tiempo, en el Tribunal de Cuentas pusieron el ojo en la cadena de responsabilidades que podría haber en la Capital por seguir pagándole a Rosales y no detectar el supuesto error. Le hizo cargos a  al jefe de Personal del Concejo, Gerardo Ávila; al liquidador de Sueldos, Juan Carlos Vargas; a la directora de Recursos Humanos, Marisol Rabiti, y al auditor General, Elio Castro López y si no justifican lo que pasó, también tendrá que meterse la mano al bolsillo para devolver la plata del perjuicio económico que sufrió el Estado.