Política
Salud denunció penalmente a las empleadas sospechadas y las suspenderá
Se llaman Mónica Ferreira y Paula Ortiz y les endilgan quedarse con dinero del Ministerio. Serán investigadas por el Juzgado de Instrucción Nº 1 y entre hoy y mañana las separarán de sus cargos.
Las autoridades de Salud Pública no dudaron y ayer hicieron la denuncia Penal, para que se investigue a las dos empleadas de la repartición que presuntamente se quedaban con el dinero que pagan los profesionales de la salud para obtener su matrícula. Al mismo tiempo, en el marco de un sumario interno que ordenó la ministra Alejandro Venerando, serán suspendidas en las próximas horas y hasta que se determine si son o no culpables, no seguirán cumpliendo funciones.
Las involucradas, indicaron fuentes vinculadas al caso, son Mónica Ferreira y Paula Ortiz. Son administrativas y trabajan en el área Regulación y Control de Gestión que funciona en el tercer piso del Centro Cívico. Desde allí, supuestamente ejecutaron una serie de maniobras para quedarse con dinero del Ministerio de Salud.
Las acusan de haber estafado al Estado. ¿Cómo? En lugar de enviar a profesionales que buscaban matricularse a pagar el arancel de $1.200 al Banco San Juan, les cobraban ellas mismas, generaban cupones a nombre de los solicitantes, les adosaban viejos ticket de profesionales matriculados anteriormente y los sellaban varias veces para tapar la fecha. Así, aseguran las fuentes, simulaban un procedimiento legal y se quedaban con la plata que debía ir a las cuentas de Salud a través de la entidad financiera.
La denuncia no apunta a las involucradas con nombre y apellido, pero las pruebas aportadas las pone en el ojo de la tormenta. La presentación la hizo el jefe de Regulación y Control de Gestión; Jorge Gustavo Quiroga, en la Comisaría Cuarta, y se espera que en los próximos días sea remitido al juez de Instrucción Nº 1, Benito Ortiz, que está de turno.
Aunque la calificación la pone el magistrado, el delito bajo la lupa es el de fraude contra la administración pública. El mismo está tipificado en el artículo 174 del Código Penal y prevé una pena de prisión de 2 a 6 años, por lo que en principio no irían presas.
Ferreira y Ortiz deberán seguir todo el proceso lejos de Salud Pública y de sus puestos de trabajo. Las dos serán suspendidas hasta que finalice el sumario que disparó Venerando, para investigar internamente el asunto y analizar si les cabe una sanción administrativa. Si se comprueban los hechos, además del castigo penal que podrían sufrir, quedarían a tiro de ser echadas o exoneradas.
Por el momento, la investigación previa que hicieron en Salud determinó que las dos agentes estatales habrían metido la mano en cuatro expedientes de matriculación y que se quedaron con $4.800. Pero el perjuicio es posible que sea bastante mayor: al no saberse desde cuándo lo hacían, nadie descarta que se hayan alzado hasta con una cifra millonaria.