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Vizcarra puso en marcha el proceso electoral de enero sin que la Justicia lo haya convalidado

POR REDACCIÓN

09 de octubre de 2019
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, decretó hoy “medidas urgentes y excepcionales” para que las autoridades electorales organicen los comicios para renovar el parlamento recientemente disuelto, sin que el Tribunal Constitucional (TC) se haya pronunciado aún sobre la legalidad de esa decisión. El decreto habilitó a los organismos electorales a emitir los reglamentos. las normas y el cronograma respectivo, y estableció disposiciones para que puedan contar con financiamiento para contratar los bienes y los servicios necesarios, informaron la Presidencia y la agencia estatal Andina. Las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se disponían a aprobar el cronograma para los comicios en lo que resta de esta semana, según fuentes del organismo citadas por el diario limeño Gestión. Antes de que el Ejecutivo emitiera hoy el decreto, el JNE ya recibió el padrón de parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y ordenó la instalación de 60 jurados electorales especiales (JEE, regionales) para resolver en primera instancia las controversias que pudieran presentarse. Mientras tanto, 17 de los 24 partidos con personería vigente confirmaron que participarán de las elecciones para renovar el Congreso unicameral, según el diario La República. Pese a esos preparativos, el TC aún no se pronunció acerca de la legalidad de la decisión presidencial de disolver el parlamento, cuestionada por buena parte de la oposición. En ese contexto, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep, la mayor organización empresarial del país) pidió hoy al TC que se expida sin demora. "Pensamos que esto lo tiene que dirimir para bien del país, de una vez, el TC”, afirmó la presidenta de la entidad, María Isabel León, informó la radio RPP. Cuando Vizcarra anunció el cierre del Congreso, la Confiep consideró que la medida era una “violación a la Constitución” y sostuvo que, con ella, Vizcarra “ha sumergido al país en una grave incertidumbre”. “Una cosa es tener la confianza del empresariado y otra cosa es tener la de la Confiep; nosotros sí tenemos la confianza del empresariado, que sigue creyendo y sigue invirtiendo en Perú”, respondió Vizcarra en una entrevista con el diario El Comercio. En tanto, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, aseguró que “hasta ahora” la disolución del Congreso no afectó la marcha de la economía peruana. “Mientras los fundamentos macroeconómicos estén fuertes, supongo que esta estabilidad económica se mantiene; o sea, no hay que creer que ningún evento va a afectar, pero hasta ahora no lo ha afectado”, dijo Velarde. El 30 de septiembre, Vizcarra dispuso la disolución del Congreso invocando una facultad que le confiere la Constitución y llamó a elecciones para el 26 de enero para integrar nuevamente el parlamento. La carta magna faculta -no obliga- al presidente a disolver el parlamento una vez que este haya censurado o denegado confianza al gabinete del Ejecutivo por segunda vez en un mismo período de gobierno. El Congreso nombró a un juez del TC antes de debatir la moción de confianza que el gabinete había solicitado en relación con un cuestionamiento del Ejecutivo al proceso para esa designación, por lo que Vizcarra interpretó que se le denegó implícitamente el respaldo. Inmediatamente después de que el mandatario anunciara el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones, el parlamento, con mayoría simple, resolvió suspender por un año a Vizcarra y tomó juramento a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como nueva jefa del Estado. Sin embargo, 24 horas después Aráoz presentó su renuncia ante el apoyo a Vizcarra de las fuerzas armadas y de seguridad, e incluso de parte de la oposición, mientras el mandatario designó y tomó juramento a un nuevo gabinete.
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