Acusadas en libertad y preservación de pruebas, los motivos que llevaron a la clausura de Eros

Pasaron 48 horas de la audiencia de formalización en donde el Ministerio Público Fiscal les comunicó a Patricia Coria, dueña de la estética Eros, y a su hija, Natalia Pablo, los presuntos actos que cuadran dentro del Código Penal. Facilitación y promoción de la prostitución, la figura más gravosa que se le enrostra a la primera de las mencionadas. Pese a que la Justicia estableció un año de investigación, este viernes el local capitalino volvió a ser noticia: ordenaron clausurarlo para evitar una fuga de pruebas, según dijo el fiscal Juan Manuel Gálvez a DIARIO HUARPE.

El funcionario judicial precisó que pedirán un nuevo allanamiento para recolectar otras pruebas sensibles que aporten a la causa. Aunque uno de los interrogantes fue si esto iba a complicarse tras la liberación de las implicadas. Gálvez ordenó este procedimiento para sacar aquellos documentos y elementos tecnológicos que sirvan para saber cómo era la dinámica dentro de ese local comercial, ubicado en calle 25 de Mayo antes de Mendoza, en el departamento Capital.

El fiscal contó que no tienen pruebas de que las implicadas hayan concurrido al local luego del paso que tuvieron por Tribunales, pero no descartan tomar algunos recaudos para saber si esto fue así. El control de las cámaras de seguridad de la zona serán determinantes para conocer si las mujeres fueron hasta allí.

Gálvez comentó que en el allanamiento realizado el domingo pasado secuestraron documentos y también las anotaciones que estaban en la mesa de recepción. La particularidad de este comercio es que no contaba con cámaras de seguridad, porque así lo establecía la política interna dirigida a preservar la intimidad tanto de clientes como empleados, según comentó Coria en la audiencia de formalización. Aunque la mujer aseguró que pensaba instalar cinco en la parte de arriba del inmueble para evitar que ocurrieran robos, ya que tenía clientes que iban con anillos de diamantes y cheques.  

Desde Fiscalía entienden que es clave la preservación de pruebas. Esto deja a relucir el peligro que implica la libertad de las implicadas, aunque el juez de Garantías, Andrés Abelín Cottonaro, entendió que, bajo fianza, podían salir. De hecho, Coria pagó $200.000 para no quedar tras las rejas hasta la espera del juicio, mientras que su hija, de 29, destinó $80.000.