POR REDACCIÓN
19 de noviembre de 2019
La organización Amnistía Internacional (AI) reclamó hoy la "libertad inmediata" de los líderes secesionistas catalanes Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, tras denunciar que la condena por sedición en su contra dictada por el Tribunal Supremo español "viola sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica". "Jordi Sánchez y Jordi Cuixart deben ser puestos en libertad de forma inmediata y sus condenas por sedición deben ser anuladas”, afirmó Daniel Joloy, asesor general de Política de AI, al presentar el análisis que hizo la organización defensora de derechos humanos de la sentencia contra los dirigentes secesionistas. El pasado 14 de octubre, el Tribunal Supremo español condenó a estos dos líderes de la sociedad civil y a otros siete políticos independentistas catalanes a penas de entre 9 y 13 años de prisión por un delito de sedición por su papel en el fallido proceso de secesión de Cataluña que tuvo lugar en 2017. A raíz de la sentencia condenatoria, AI advierte que "la vaguedad de la definición del delito de sedición en el Código Penal español" y la "interpretación que hizo el Tribunal Supremo" que ha desembocado en la condena de los líderes catalanes "podría tener un efecto paralizante perjudicial en las protestas pacíficas". Los defensores de derechos humanos afirman que al mismo tiempo no hallaron "ningún factor que indicara que el juicio en su conjunto fuera injusto, es evidente que la interpretación que hizo el Tribunal Supremo del delito de sedición fue excesivamente amplia y se tradujo en la criminalización de unos actos de protesta legítimos". En el caso concreto de los líderes civiles secesionistas, tanto Sánchez, ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), como Jordi Cuixart, presidente de Ómnium Cultural, "tenían derecho a expresar sus opiniones y a organizar reuniones pacíficas de apoyo al referendo y a la independencia de Cataluña", subrayó AI. “Aunque cabe que los dirigentes políticos catalanes hubieran cometido un delito perseguible legítimamente teniendo en cuenta los cargos que ocupaban, su condena por sedición vulnera el principio de legalidad; y las autoridades tienen que poner remedio a esta situación sin demora", dijo Adriana Ribas, coordinadora de AI en Cataluña. Los expertos remarcan que "aún en el caso de que la finalidad de alguna de estas reuniones u otras acciones emprendidas por ellos fuera impedir el cumplimiento de una resolución judicial, el derecho internacional de los derechos humanos protege también la desobediencia civil pacífica". El director de AI en España, Esteban Beltran, consideró que el Parlamento español debe revisar de forma urgente la definición del delito de sedición en el Código Penal para "no criminalizar actos pacíficos de desobediencia civil ni restringir indebidamente la libertad de reunión o expresión".
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