Desde del Arzobispado dijeron que si el vendedor no estaba en sus capacidades, van a dejar sin efecto el contrato

Tres días después de conocerse una denuncia por una supuesta compra fraudulenta de un inmueble por parte del Arzobispado de San Juan a un hombre con enfermedades psiquiátricas, el representante legal del máximo órgano de la Iglesia Católica, Rubén Lloveras, dijo que no tenían conocimiento sobre el estado e incapacidad del vendedor.

“La escribanía ha tenido contacto con el vendedor y no advirtieron ningún tipo de enfermedad médica, psíquica o psiquiátrica de que el hombre no estuviese en su capacidad completa para la realización del acto”, dijo Lloveras a DIARIO HUARPE.

Según alegó Lloveras, el hombre llegó a fines del año pasado para realizar la venta del inmueble al Arzobispado. Tras cerrar los trámites correspondientes y cuestiones legales, que presentó sin inconvenientes según alegaron, no detectaron ningún informe ni sentencia que impidiera que el hombre realizara la escritura, como una solicitud de restricción por incapacidad.

La venta se hizo en condición de “nuda propiedad”. Esto significa que el dueño puede hacer uso y goce del inmueble mientras continúe con vida y sería la razón por la cual la propiedad se vendió en un valor inferior al real, estimado en unos $10 millones según trascendió en la denuncia y habrían alegado los hijos del dueño.

“Si nos acreditan que no estaba en condiciones óptimas, nosotros vamos a dejar sin efecto el contrato. No queremos perjudicar a nadie, y si no estaba en sus capacidades intelectuales como corresponde no hay ningún tipo de inconveniente en cancelar la compra si es lo que ellos (por sus familiares) buscan”, agregó Lloveras. Hasta el momento, la investigación de la denuncia está siendo llevada adelante por el Tercer Juzgado de Instrucción.

Entonces, ¿Qué procede en este tipo de situaciones? Según fuentes judiciales, la justicia ahora deberá probar si el hombre realizó la venta en estado de insania. En caso de que no haya estado declarado oficialmente fuera de sus capacidades a la hora de firmar los documentos, será clave la versión de testigos para llegar a un veredicto para dejar sin efecto la compra y venta del inmueble. A esto, se le suma la documentación que ya presentaron sus familiares.

La noticia trascendió el viernes pasado, cuando se dio a conocer una denuncia por parte de los hijos del dueño de la propiedad en Caucete. En la denuncia, alegaban que el Arzobispado había realizado la compra a su padre, un hombre que padece psicosis esquizofrénica y psicoafectiva crónica, y que no podría  realizar este tipo de trámites. Además de presentar los certificados que acreditan la incapacidad del hombre, también trascendió que se encuentran realizando una solicitud de restricción y curatela en el Primer Juzgado de Familia. El contrato está firmado por el obispo coadjutor, Carlos María Dominguez.

Comunicado oficial

De forma paralela el Arzobispado local emitió un comunicado oficial en el que aseguran que están dispuestos a devolver la propiedad. La carta esta fechada este lunes y cuenta con la firma de Monseñor Carlos María Domínguez y dos abogados de la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo

COMUNICADO

En relación a la denuncia penal, radicada en Sede Judicial, dando cuenta de la existencia de una presunta estafa en la compra de un inmueble en el Departamento Caucete, el Arzobispado de San Juan de Cuyo pone en conocimiento de la comunidad que efectivamente se realizó este acto jurídico, y que la Escribanía interviniente tomó los previsiones de ley, requiriendo los informes necesarios para tal fin, sin que alguno de ellos muestre la imposibilidad de avanzar en los términos convenidos entre las partes.

Cabe señalar, que los múltiples diálogos previos, para llegar a esas instancias finales, tampoco surge la probable existencia de un inconveniente de salud del propietario-vendedor que pudiera afectar su capacidad para celebrar ese acto jurídico. Se trató entonces de un oficio realizado de buena fe por ambas partes.

Sin embargo, frente al probable escenario trascendido, el Obispo Auxiliar, solicitó a los abogados del Arzobispado para que se pongan a disposición de la justicia y tomar conocimiento de los hechos.

Finalmente, destacando el concepto de buena fe que debe existir entre las partes, en el caso que se encontrase probado en la justicia el impedimento legal, el Arzobispado ofrece dejar sin efecto el acto jurídico, manifestando de buena manera la predisposición del mismo para el mejor entendimiento de las partes.