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Expropiación de YPF: el Gobierno presentó los argumentos para evitar entregar el 51% de acciones
El Gobierno presentó sus argumentos ante la Corte de Nueva York para evitar cumplir el fallo de Preska.
POR REDACCIÓN
La Argentina presentó formalmente sus argumentos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para evitar la entrega del 51% de las acciones que el Estado nacional tiene en YPF. El objetivo del Gobierno es lograr la suspensión definitiva del fallo de primera instancia emitido en 2023 por la jueza Loretta Preska, que ordena pagar una indemnización que supera los 16.000 millones de dólares.
La presentación oficial fue realizada en el marco de los casos Petersen/Eton Park y Bainbridge, en respuesta a los escritos presentados por los demandantes el pasado 17 de julio. Con esta acción, la Argentina busca que se mantenga suspendida la ejecución de la sentencia mientras dure el proceso de apelación.
Actualmente, la suspensión dictada es temporal y solo rige durante las instancias de intercambio de documentos. Por eso, el Gobierno nacional solicitó una extensión más amplia, que proteja los activos estatales durante toda la duración del litigio.
Los argumentos presentados por Argentina:
- En el caso Petersen/Eton Park, la presentación de la República Argentina remarcó que:
- La orden de entrega de acciones vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero, tal como lo reconoció el Gobierno de Estados Unidos.
- La medida contradice la Ley de Inmunidades Soberanas de Estados Unidos, ya que las acciones están en territorio argentino y no se usaron con fines comerciales en EE.UU.
- Obliga a incumplir la legislación interna, lo cual atenta contra principios de cortesía internacional (comity).
- Los demandantes no acreditaron que existiera un perjuicio si se suspende la entrega de las acciones. Además, la ley argentina prohíbe su venta sin el aval de dos tercios del Congreso.
- La pérdida del control sobre YPF sería irreversible e implicaría un daño para el país, incluso si Argentina ganara la apelación.
- Se vería afectado el interés público, las relaciones bilaterales y podrían generarse represalias judiciales contra Estados Unidos, tal como advirtió el Gobierno de ese país mediante un amicus curiae.
En el caso Bainbridge, se sostuvo que:
- La actora no justificó la necesidad de una garantía. La legislación nacional ya garantiza el statu quo.
- No se demostró un perjuicio por la suspensión de la orden.
- La entrega de acciones causaría un daño irreparable, con consecuencias para la soberanía energética argentina.
Estrategia para evitar el desacato
En caso de que la solicitud argentina sea rechazada, la orden de Preska volvería a estar vigente, y el país debería cumplir para evitar ser declarado en desacato.
Aunque esta figura no está pensada para Estados soberanos, podría derivar en sanciones económicas, afectar la reputación internacional de Argentina y complicar el acceso al crédito global.
Mientras tanto, la Corte de Apelaciones no tiene plazos definidos para emitir una decisión, por lo que el proceso judicial continuará abierto sin fechas precisas.