POR REDACCIÓN
26 de noviembre de 2019
La Asociación de Profesionales Médicos y Técnicos de la Salud (APTS) de San Luis solicitó hoy una audiencia al Ministerio de Seguridad provincial para pedir guardias policiales las 24 horas en cada establecimiento sanitario, debido a las agresiones que el personal de la salud recibe por parte de pacientes. En diálogo con Télam, la secretaria general de APTS, Ana Lía Trifiró, manifestó “que las presiones por la violencia social” que reciben se repiten a diario con “agresiones verbales, grabaciones y amenazas todos los días”, lo que lleva a los profesionales médicos a no poder ejercer su profesión “como deben”. El hecho que disparó el reclamo y “rebalsó el vaso” –recordó-, fue la agresión sufrida por una médica y una enfermera la semana pasada en el Hospital Cerro de la Cruz, que fueron “tirados al piso, pateados y atacado con un tacho de basura” en la guardia de ese nosocomio, por derivar un traumatismo en la mano de una nena a la atención común. “A esto -indicó la médica- se suma la inseguridad en la parte privada” sobre la que una colega les reveló que días pasados “al quirófano de una institución privada ingresó un familiar con un arma de fuego”. El Ministerio de Seguridad respondió a este hecho con la instalación de una consigna policial en dos de los cinco hospitales con los que cuenta la ciudad que fue calificado como “insuficiente” por ATPS. Trifiró explicó que este hecho “se suma a las presiones de todos los días” que ejerce una masa de pacientes que se vuelca a la salud pública por la coyuntura económica que atraviesa el país y la provincia y no les permite entender la lógica de funcionamiento de una guardia destinada a atender “casos con riesgo de vida” y no “cuadros de afecciones leves”. La dirigente gremial explicó que hasta hace dos años los hospitales públicos de San Luis y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), donde desarrollan sus actividades los 2.000 afiliados a APTS, contaban con seguridad policial, pero el recorte presupuestario los privó de esa presencia “con autoridad” que fue reemplazada por trabajadores de los distintos planes sociales.
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