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Casi se paga dos veces una expropiación y Gobierno sospecha que hubo mala fe

Una familia iba a cobrar $16,2 millones por un inmueble en Zonda, pero el Estado descubrió que ya se había pagado en los 70`. Presumen que alguien hizo desaparecer apropósito documentación clave, para favorecer a los expropiados.

POR Leonardo Domínguez SEGUIR
16 de julio de 2019

16 de julio de 2019

Indefectiblemente, el caso recuerda a la megacausa de las expropiaciones que tiene procesado a un grupo de profesionales por articular acciones ilegales para sacarle jugosas sumas de dinero a la provincia. Los protagonistas y le mecánica son distintos esta vez, aunque se sospecha que el fin podría ser el mismo. El Estado estuvo a punto de pagar más de $16 millones por la expropiación que hizo en Zonda en la década del 70´ de 56 hectáreas que eran de una familia Bianchi, pero dos organismos de Gobierno lograron frenar todo a último momento gracias a la aparición de un expediente que da cuenta de que ya se había cancelado en aquella época. Lo llamativo es que los antecedentes desaparecieron de un archivo oficial en 2013 y se sospecha que alguien lo hizo en forma intencional, para hacer creer que el Estado no puso el dinero y que los antiguos propietarios nunca cobraron.

El caso es complejo, porque hay una maraña de trámites que dejaron a la provincia al borde de un perjuicio económico y presunto fraude millonario en su contra por pagar dos veces lo mismo. Lo cierto es que cuando todo estaba listo para que la Justicia autorizara el pago por las tierras que adquirió el Estado  para hacer la batería de pozos de agua de Zonda, en Hidráulica encontraron documentación clave y Fiscalía de Estado hizo de inmediato un planteo en la Justicia para parar el desembolso.

La expropiación se hizo formalmente en 1977 (el Estado había tomado posesión antes) y la provincia nunca inscribió las 56 hectáreas a su nombre. Con esos datos, los herederos de Luis Roberto Bianchi (Jorge Bianchi, María Elena Bianchi y Eduardo Binchi) se presentaron en 2013 en la Justicia para buscar documentación de la expropiación.  

Lo primero que hizo la Justicia fue intentar recabar la documentación de la expropiación que debía estar en Hidráulica, donde consta si hubo juicio o no y si se pagó. Pero en la repartición buscaron durante meses y no encontraron rastros. Los expedientes habían desaparecido.

Al no haber antecedentes, se entendió que efectivamente no había existido indemnización, no se pudo reconstruir el juicio de expropiación y a la provincia no le quedó otra que avanzar en un proceso para regularizar la situación. La Fiscalía de Estado firmó este año un acuerdo de pago con los herederos por el valor que el Tribunal de Tasaciones le impuso al inmueble, es decir $16,2 millones, e inició un juicio de expropiación directa.

El proceso se tramita en el juzgado Contencioso Administrativo que dirige Adriana Tettamanti, quien debía revisar y homologar el acuerdo. Hasta ahí todo normal, porque se entendía que la familia había sido víctima durante décadas de un Estado que nunca les pagó.

Cuando Tettamanti estaba a punto de firmar el libramiento de los fondos, la historia cambió radicalmente. En Hidráulica siguieron buscando y apareció un solo expediente mal caratulado (en lugar de Bianchi, aparentemente decía Bianchio) que contenía la ejecución de la sentencia de un viejo juicio de expropiación de los inmuebles en cuestión y el pago de los honorarios a su abogado. O sea, el Estado ya había pagado.

Paso seguido, tras los oficios que mandó la Justicia, surgió más prueba clave. La Tesorería General de la Provincia aportó constancias de que la provincia desembolsó algo más de 18 millones de pesos ley por la expropiación en cuestión y en el Banco San Juan constan pagos por el mismo concepto.  

Con esas pruebas, Tettamanti se hizo eco de un planteo de Fiscalía de Estado y frenó todo. No firmó el depósito de los $16,2 millones por capital e intereses para los herederos de Bianchi.

La historia deja un mar de dudas. En Hidráulica y Fiscalía de Estado se preguntan cómo puede ser que los expedientes de la expropiación y el resultado del primer juicio no estén. Creen que no es casualidad, que alguien se los llevó para que la provincia pagara de nuevo.

Por lo pronto, el fiscal de Estado, Jorge Alvo, dijo que le pedirá a Hidráulica que inicie un sumario administrativo, para determinar quién se llevó la documentación original. Fuentes calificadas aseguraron que lo primero que harán es revisar el libro donde se anotan los préstamos de expedientes y el nombre de quiénes los piden. 

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