Política > Investigación judicial
Cierre de Andis: cuántos investigados hay en los presuntos casos de coimas
El Poder Ejecutivo ordenó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Salud, mientras una investigación federal avanza sobre un presunto entramado de corrupción que ya tiene a 15 personas imputadas y más de 43.000 millones de pesos bajo análisis.
El Gobierno nacional anunció este martes 30 de diciembre la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un organismo creado en 2017, y el traslado de todas sus funciones al Ministerio de Salud. Esta medida se produce en el marco de una extensa investigación judicial federal que investiga un presunto entramado de corrupción dentro de la agencia, con al menos 15 personas imputadas y un monto investigado que supera los 43.000 millones de pesos.
La decisión ejecutiva pone fin a una estructura criticada por la actual administración, que señaló "graves descontroles administrativos" y "prácticas incompatibles con la transparencia" como fundamentos para su cierre. Sin embargo, la medida ha generado controversia, ya que surge mientras avanza una causa penal que busca esclarecer el destino de fondos públicos destinados a programas de discapacidad.
Los ejes de la investigación judicial
La investigación, a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, se centra en un presunto esquema de asociación ilícita y pagos de coimas para direccionar contratos del Estado. Según el dictamen fiscal, funcionarios de la ANDIS habrían establecido un sistema para canalizar las compras de medicamentos e insumos médicos hacia un grupo específico de empresas proveedoras, recibiendo a cambio retornos económicos.
El núcleo de la acusación descansa en una serie de grabaciones de audio que, según la fiscalía, involucran a exfuncionarios del organismo. En esas conversaciones, se haría referencia a un mecanismo de pagos ilegales que representaría un porcentaje del valor de los contratos adjudicados. La defensa de uno de los principales imputados, el exdirector de la ANDIS Diego Spagnuolo, ha cuestionado la autenticidad de estos audios, presentando un peritaje que sugiere una posible manipulación mediante inteligencia artificial. Ante esta controversia, la Cámara Federal ordenó una investigación específica para determinar el origen y la validez de las grabaciones.
Los principales imputados y las pruebas recolectadas
Entre los quince imputados se encuentran exfuncionarios públicos y empresarios del sector farmacéutico. Diego Spagnuolo, abogado personal del presidente Javier Milei y exdirector de la agencia, es señalado por la fiscalía como una figura central del presunto esquema. En allanamientos realizados en su domicilio, las fuerzas de seguridad incautaron una máquina para contar billetes, según consta en los registros de la causa.
Otro nombre relevante es el de Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, a quien las escuchas lo ubicarían en un rol operativo dentro del entramado. En el ámbito empresarial, la investigación se enfoca en directivos de droguerías como Suizo Argentina, Profarma y Génesis, sospechadas de haber sido las beneficiarias de los contratos direccionados a cambio del pago de sobornos.
Un hallazgo que cobró notoriedad pública fue el secuestro de 700,000 dólares en efectivo durante un allanamiento en el domicilio de Ornella Calvete, hija de un empresario imputado y quien se desempeñaba como funcionaria en el Ministerio de Economía. Calvete presentó su renuncia al cargo luego de este incidente y no logró justificar ante la justicia el origen de ese dinero en efectivo.
Los argumentos oficiales para la disolución
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fundamentó la disolución de la ANDIS durante una conferencia de prensa. Adorni describió una agencia con "toneladas de capas burocráticas" y un manejo financiero opaco, que justificaba su desmantelamiento para garantizar una administración más eficiente y transparente. El funcionario aseguró que el traspaso de las competencias al Ministerio de Salud permitirá auditorías permanentes y una mejor trazabilidad de los fondos.
Como parte de la reorganización, el Gobierno anunció la eliminación de 16 cargos políticos de la estructura, lo que representa una reducción del 45.7% en los puestos de jerarquía. Adorni garantizó que las pensiones y prestaciones por discapacidad no se verán interrumpidas por esta medida, aunque adelantó que se aplicarán controles más estrictos para verificar que todos los beneficiarios cumplan con los requisitos legales establecidos.
Las reacciones y el camino por delante
La decisión de disolver la agencia en medio de la investigación penal generó fuertes críticas desde la oposición política. El diputado Germán Martínez, de Unión por la Patria, acusó al Gobierno de intentar "borrar las huellas" del caso de corrupción y calificó la medida como un "plan de impunidad". Desde el oficialismo, en cambio, se defendió la acción como un paso necesario para sanear la administración pública.
El presidente Javier Milei se ha referido a las acusaciones que involucran a personas de su entorno cercano, incluyendo a su hermana Karina Milei y al subsecretario Eduardo "Lule" Menem, quienes son mencionados en los audios bajo análisis. Milei ha calificado estas imputaciones como "burdas difamaciones" y un intento por obstaculizar su proyecto de gobierno, ratificando la confianza en los funcionarios cuestionados.
Mientras tanto, la causa judicial continúa su curso de manera independiente a la decisión administrativa. La justicia federal deberá ahora determinar la autenticidad de las pruebas clave, la responsabilidad penal de cada uno de los imputados y el monto final defraudado al Estado. La disolución de la ANDIS marca el cierre de un organismo, pero abre un capítulo de definiciones que quedará en manos del Poder Judicial.