Provinciales
El juicio de las expropiaciones se sigue demorando y quedará para 2021
La cuarentena incidió y se espera otra catarata de planteos de abogados defensores. En Tribunales dicen que este año no dan los tiempos.
El parate que causó la pandemia del coronavirus, los permanentes planteos de los imputados y la permisividad del burocrático Código de Procedimiento Penal. Esos son los motivos que siguen demorando el inicio del juicio del escandaloso caso de las expropiaciones. La expectativa era que comenzará el año anterior, ahora dicen que lo que queda de este no es suficiente para terminar con los trámites pendientes y que el debate se hará en 2021.
El de las expropiaciones es el caso judicial más resonante en la historia de la provincia. La investigación comenzó en 2010 por una denuncia que hizo el por entonces Gobierno giojista contra un grupo de profesionales que inflaba el valor de inmuebles expropiados para sacarle dinero de más al Estado sanjuanino y una década después, la celebración del juicio contra los 15 imputados aún está en veremos.
Como consecuencia de la cuarentena para contener el avance del coronavirus, los plazos se suspendieron y la causa no tuvo movimiento en los últimos meses. Esta semana es posible que se lleve a cabo la audiencia que podría resolver en forma definitiva cómo estará conformado el tribunal de juicio, pero después hay una serie de pasos que cumplir que llevarán varios meses. Al punto que fuentes calificadas aseguraron que el inicio del proceso final quedará para el año que viene.
La causa dio con ribetes que son verdaderamente escandalosos. La investigación reveló que abogados, jueces, funcionarios y empleados del Estado articularon acciones ilegales para que la provincia pagara mucho más dinero que el que correspondía por terrenos que expropiaba.
Entre los imputados de más peso están los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday, los exjueces Carlos Macchi y Rosalba Marún, el ex fiscal de Estado Mario Díaz y los ex miembros del Tribunal de Tasaciones Pedro Bazzani, Adolfo Cravero, Julio Fernández, José Moreno y Eduardo Olivera. También la ex perito oficial Ana María Melvin, el ex empleado del Estado Néstor Adán Ruiz y los peritos de parte Víctor Bustos, Fernando Videla y Juan Pablo Quiroga.
Todos están acusados de ser miembros de una asociación ilícita, bajo el liderazgo de Graffigna. Las presuntas maniobras delictivas que ejecutaron le causaron al Estado una estafa de $42 millones y gracias a que el escándalo salió a la luz, se paralizaron pagos por expropiaciones por más de $1.500 millones.
Tras la inhibición de jueces de todas las instancias, aduciendo amistad o cercanía con algunos involucrados, el tribunal de juicio quedó conformado el año pasado por los magistrados Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia y Matías Parrón, pero varios acusados los recusaron. Para resolver esos planteos se constituyó un nuevo cuerpo colegiado conformado por los jueces Alberto Caballero, Carolina Parra y Federico Rodríguez, quienes podrían reunirse esta semana para dirimir la cuestión.
Los antecedentes indican que las recusaciones tienen muy pocas chances de prosperar, por lo que el tribunal seguiría con la misma composición. Lo mismo, queda mucha agua por correr bajo el puente antes de poder avanzar con el juicio oral y público.
Después corresponde que el tribunal cite a juicio a los imputados y eso llevará, al menos, hasta septiembre u octubre. Sucede que se debe hacer en forma individual y cada uno de los acusados tiene hasta 5 días hábiles para compulsar el expediente de la instrucción, lo que de movida da 75 días hábiles.
En la compulsa, el Código de Procedimiento actual permite que cada imputado pida nulidades y la producción de nuevas pruebas y en Tribunales dan por descontado que lo harán. Las fuentes aseguraron que no sería otra cosa que repetir la estrategia que exhibieron en la etapa de instrucción (investigación), cuando formularon una lluvia de planteos con la intención de dilatar el proceso y la resolución del caso.
El tribunal de juicio deberá sentarse después a resolver una por una las quejas que interpongan los abogados defensores. Ese trabajo, afirmaron las fuentes, implica un mes más al menos.