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Funcionario de Turismo echado por violencia de género: investigan a los policías que asistieron a la casa de Nahuel Fernández
El fiscal Adrián Riveros confirmó que hablaron con los protagonistas del procedimiento policial y fiscal para saber si hubo un delito penal de parte de los uniformados.
POR REDACCIÓN
La Fiscalía Delitos Especiales interviene en el caso del funcionario echado de Turismo por violencia de género. El fiscal Adrián Riveros confirmó a este medio que buscan saber si hubo delito penal de parte de los efectivos policiales que fueron a la casa del exdirector de Relaciones Institucionales, Nahuel Fernández, tras un llamado al 911.
Los policías en la mira son algunos de la Subcomisaría Ansilta. La víctima, que denunció por violencia de género a Nahuel Fernández, dijo que los agentes llegaron a la casa del funcionario, en el barrio Margarita Ferra de Pocito, y no hicieron nada con ella ni con el supuesto agresor.
La mujer contó que los policías vieron cómo estaba de ensangrentada y aun así no actuaron. Aparentemente Fernández “chapeó” con su cargo en el gobierno y se libró de una detención, pero eso, en vista de la Fiscalía, estuvo mal, ya que lo deberían haber detenido por el presunto delito de lesiones leves in fraganti. De esta forma, la acusación contra Fernández recaía en el Sistema Especial de Flagrancia y no en Cavig y el proceso legal se hubiera realizado con mayor rapidez.
La víctima de Fernández se fue de la vivienda de Pocito tras la golpiza que le dio su pareja y la indignación que le dio el proceder de la Policía. Pero no se trasladó directamente a su casa de Rivadavia, sino que antes pasó por la Comisaría 13º. Con la denuncia policial en esta sede, actuó la Fiscalía Cavig y el funcionario se terminó entregando después de ser despedido por el Gobierno de San Juan.
El fiscal Adrián Riveros señaló a este medio que tomaron testimonios a los fiscales ayudantes de Flagrancia y de Cavig, además secuestraron actas de la Subcomisaría Ansilta para saber qué efectivos actuaron en el llamado a la casa de Fernández. Esta etapa es la llamada investigación preliminar que puede derivar en una audiencia de formalización e imputación de cargos. En paralelo, investiga el hecho la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública, que inició un sumario administrativo.