Megacausa expropiaciones: el tribunal definirá si los acusados devuelven o no el dinero

Este viernes 4 de julio se conocerá la sentencia en el histórico juicio por el millonario fraude contra la administración pública, conocido como la megacausa de expropiaciones, que se inició en 2010 y que involucra a más de una docena de implicados, incluyendo exjueces, fiscales, funcionarios y peritos.

El caso estalló por el pago de montos inflados por terrenos expropiados en zonas como el Parque de Mayo, Cuesta del Viento y Canal Benavídez. Más allá de las penas solicitadas, que para el principal imputado, Santiago Graffigna, van de 15 a 25 años de prisión, una de las grandes incógnitas es si los acusados, en caso de ser condenados, tendrán que devolver el cuantioso dinero supuestamente sustraído al Estado.

En diálogo con radio Estación Claridad, el abogado Rubén Pontoriero, quien representa a la Fiscalía de Estado en la querella, aclaró que la obligación de devolver el dinero dependerá de la resolución del tribunal. "Nosotros en el momento de los alegatos, además de pedir las condenas, se pidió la aplicación del artículo 29, inciso primero del Código Penal, que dice que la sentencia condenatoria podrá contener la reparación del daño, o sea, la devolución al estado anterior de las cosas, e inclusive la indemnización," explicó Pontoriero. El mecanismo que dispone el Código Penal para esta situación es el decomiso de los bienes de los condenados para cubrir el monto que se determine.

En caso de que el tribunal no ordene la restitución de los fondos en la sentencia penal, Pontoriero señaló que existe una vía civil abierta para avanzar en la recuperación de los montos. "Ya por el año 2016-2017 se iniciaron acciones de nulidad por sentencia irrita y también requiriendo la devolución de lo pagado en instancias civiles", afirmó.

Esta vía no solo abarca los juicios que ya se pagaron de manera fraudulenta, sino también aquellos con sentencia y orden de ejecución que fueron frenados por una medida cautelar ya por el año 2010, como el emblemático caso del Parque de Mayo o Canal Playa.

Respecto a la cuantificación del perjuicio económico, el abogado indicó que si bien en un inicio se hablaba de 15 millones de dólares, las estimaciones actuales son mucho mayores. "La última actualización que nosotros tenemos de lo que se pagó efectivamente ronda entre los 16 y 20 millones de dólares en moneda dura," precisó Pontoriero. Sin embargo, si se consideran los juicios que no se han pagado por las cautelares vigentes, la cifra ascendería a entre 270 y 280 millones de dólares en moneda dura. Solo la causa por el Parque de Mayo, una de las más graves, reclama el pago de 250 millones de dólares por parte del Estado. En la época de los hechos, se pagaron unos $40 millones por los juicios, que actualizados hoy por la tasa activa representarían entre $300 y 400 millones.

Pontoriero explicó que la sentencia debe estar firme para ser ejecutoriada, lo que significa que la devolución de dinero o el cumplimiento de penas no se harían efectivos de inmediato si hay apelaciones. Tanto el Ministerio Público Fiscal como las defensas han adelantado que recurrirán la sentencia si no es favorable a sus intereses, lo que podría llevar el proceso a la Corte de Justicia de San Juan y, eventualmente, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque esta última instancia es más limitada.

No obstante, el tribunal puede imponer medidas restrictivas como la prohibición de salir del país o mantener los embargos sobre bienes para asegurar la reparación del daño, incluso antes de que la sentencia sea firme. En cuanto a una posible detención, aunque el tribunal podría ordenarla de inmediato, se presume que no sucederá ya que todos los imputados han estado "a derecho".