Murió en una gresca dentro del penal de Chimbas: la querella le pide $2 millones al Estado

Tras 8 meses de que se produjera una gresca en el penal de Chimbas que terminó con la vida de un interno identificado como Andrés Rosselot, la parte querellante le solicitó al Estado provincial la suma de $2 millones de pesos en concepto de resarcimiento económico porque, según la abogada que defiende a la familia de la víctima, María Filomena Noriega, desde el Servicio Penitenciario omitieron auxilio, cuidado y protección del fallecido.

“Reclamamos ese monto porque entendemos que el Estado tiene una responsabilidad objetiva como es salvaguardar la integridad física y psicológica de los internos”, dijo a DIARIO HUARPE Noriega. “En este caso, todas esas aristas no se cumplieron. No hubo ni vigilancia ni protección para Rosselot, porque si no nada de esto hubiese ocurrido”, agregó.

La letrada contó que Rosselot tenía 26 años cuando falleció y estaba en el penal cumpliendo una condena a perpetua por un asesinato que cometió en marzo del año 2013 en Pedernal, departamento Sarmiento. En aquella oportunidad el hombre fue encontrado culpable junto a tres cómplices de matar a cuchillazos a Néstor Moreno, un granjero de 52 años.

Pese a ese antecedente delictual que lo llevó a estar tras las rejas, Noriega señaló que la víctima durante el tiempo que estuvo en prisión había cambiado su concepción de la vida: “Se casó con una chica que había conocido con anterioridad y se hizo evangélico”, argumentó.

La abogada comentó que el dinero que pide en la causa es porque Rosselot tenía la idea de formar una familia, entonces el reclamo apunta al daño emergente y lucro cesante que le ocasionó a la mujer de la víctima su muerte. Es decir, todos lo que le provocó su deceso durante de forma inminente y también la afectación de los planes que la pareja tenía a futuro.

“La Constitución establece que las cárceles deben ser sanas y limpias para la seguridad y no el castigo de los reos, entonces entendemos que estos principios estuvieron ausentes a la hora de que se produjo la muerte de este interno”, explicó la letrada.

La investigación quedó a cargo del Cuarto Juzgado de Instrucción. La próxima instancia es una mediación previa de carácter obligatoria, ahí Noriega se reunirá con Fiscalía de Estado y el abogado del Servicio Penitenciario Provincial. En el caso de arribar a un acuerdo se desestimará el planteo judicial, si no hay un acercamiento entre las partes se iniciará formalmente con cada una de las etapas del juicio.

El hecho

Rosselot encontró la muerte durante la noche del viernes 11 de octubre de 2019 cuando fue atacado en su celda por dos presos identificados como Rolando y Claudio Díaz, hermanos y ambos condenados por la muerte de Uma Calvo Carrizo, la bebé que murió en medio de un tiroteo en el Barrio Huarpes en enero de 2014.

Al parecer y según las versiones del momento, la gresca se desató por una cuestión de liderazgo dentro del penal. Los internos estaban alojados en el pabellón 5, sector 1. Las cámaras de seguridad fueron claves para incriminar a los Díaz porque quedaron registrados cuando apuñalaron a Rosselot: “En las imágenes pudo verse como los hermanos atacaron y asesinaron a Andrés. Desde un primer momento se supo que ellos eran los responsables”, contó Noriega.

Según testimonios de otros internos, dijeron que Rosselot había sido hostigado por los Díaz y que finalmente pudieron cometer el crimen movidos por el odio. Esa noche se realizó una requisa y se secuestraron treintena de armas blancas de fabricación casera.