POR REDACCIÓN
22 de noviembre de 2019
Los trabajadores del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia emitieron esta tarde un comunicado en repudio a la decisión del gobierno nacional de revocar la actualización del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que había sido publicada el miércoles en el Boletín Oficial, y dijeron que se trata de "un acto de violencia institucional". Los trabajadores afirmaron que “la jerarquización del protocolo es esencial para la efectiva implementación de políticas de salud que garanticen los derechos ya reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional para las personas con capacidad de gestar en general y especialmente para niñez y adolescentes”. “Este instrumento incorpora los principios rectores que establece la Convención de los Derechos del Niño y que deben guiar la interpretación de todas las normas relacionadas con niñez y adolescentes: interés superior del niño, autonomía progresiva, participación directa en la toma de decisiones, igualdad y no discriminación”, enfatizaron. El comunicado advierte que “esta acción se entiende como un acto de violencia institucional dirigido a toda persona con capacidad de gestar, incluyendo a niñez y adolescentes lo cual es injustificable. Vulnerar ese derecho perpetúa la exclusión y agrava las condiciones de vida de estas, profundizando la exclusión del sistema de salud”. “A pesar del decreto que deroga la resolución, el protocolo en cuestión debe ser el vigente debido a la actualización de tratamientos médicos y a la ampliación explicitada del marco de derechos. La situación suscitada en estos días genera confusión y desorientación en los equipos de salud y el hecho de que no se apruebe por resolución ministerial deja sin una herramienta de peso a aquellas provincias que no cuentan con una. Aún así, el sistema de salud continúa obligado a garantizar derechos sin dilaciones ni omisiones y no se le exime de sus responsabilidades”, subrayan los trabajadores. “Es obligación del Estado no sólo garantizar el cumplimiento de los derechos consagrados, sino asegurar las condiciones materiales para que niñes y adolescentes puedan vivir una vida libre de violencias”, concluye la nota.
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