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Venezuela tiene 863 presos políticos bajo el gobierno de Maduro
Tras la captura de Maduro y su esposa, el régimen venezolano inicia excarcelaciones. Foro Penal reporta 863 personas detenidas por motivos políticos.
POR REDACCIÓN
Venezuela mantiene 863 presos políticos, según el último informe de Foro Penal, de los cuales 757 son hombres y 106 mujeres. La mayoría de estas detenciones se produjo después de las elecciones presidenciales de 2024, marcadas por denuncias de fraude por parte de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
El jueves, Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional, anunció la liberación de un “número importante” de detenidos, incluidos extranjeros, sin detallar nombres ni cantidades exactas. Se trata de las primeras excarcelaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de manera temporal tras la operación militar estadounidense del 3 de enero, que capturó al mandatario depuesto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Organizaciones de derechos humanos como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertan sobre un endurecimiento en el trato a los presos políticos, incluyendo la suspensión de visitas y de entrega de paquetería con alimentos y medicinas, lo que ha generado incertidumbre entre las familias. Según la ONG, estas medidas se aplican “sin información oficial ni criterios transparentes”.
Ante la coyuntura, Foro Penal propuso una amnistía general para los presos políticos, calificando la medida como un paso relevante para la reconciliación nacional. Su director vicepresidente, Gonzalo Himiob, pidió la “libertad inmediata, sin condiciones ni trucos”, mientras que Alfredo Romero, director presidente, aclaró que la amnistía no implicaría impunidad por crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática y figuras opositoras, como María Corina Machado, señalaron que la liberación de los presos políticos es un paso indispensable para cualquier transición democrática y la unidad nacional.
La situación refleja un clima de tensión e incertidumbre, marcado por restricciones en los centros de detención y la necesidad de medidas que aseguren el respeto a los derechos humanos de quienes permanecen detenidos por razones políticas.