Política > La motosierra
Nación aceleró el ajuste para eliminar organismos y empresas públicas
Tras reducir más de 53.000 empleos desde el inicio de la gestión, el Gobierno avanza con una nueva etapa de ajuste que impactará en organismos descentralizados y empresas públicas.
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional acelera la profundización de la llamada “motosierra” y prepara un nuevo recorte en el empleo público, con foco en organismos descentralizados y empresas del Estado. El objetivo oficial es replicar el ajuste aplicado entre 2023 y julio de 2025 para avanzar con una reducción adicional del 10% del personal estatal, lo que implicaría alrededor de 28.000 bajas más en el transcurso de un año.
Según datos del último informe del Indec, la dotación total del sector público nacional asciende a 282.570 empleados. De ese universo, los organismos descentralizados concentran cerca de 116.900 trabajadores, mientras que las empresas y sociedades del Estado reúnen aproximadamente 90.000. En la Casa Rosada reconocen que el margen para recortar en la administración centralizada es limitado y por eso la estrategia apunta a esos dos grandes bloques.
En el caso de los organismos descentralizados, el Gobierno no planea cierres masivos, sino una reestructuración que incluye la eliminación de áreas duplicadas, reorganización de funciones y la no renovación de contratos. Si este segmento absorbiera algo más de la mitad del ajuste previsto, el recorte rondaría entre 15.000 y 16.000 puestos, lo que representa una reducción interna cercana al 13% de su planta.
El segundo frente de ajuste son las empresas públicas. Para completar el recorte total proyectado, este sector debería aportar entre 12.000 y 13.000 bajas, equivalentes a una reducción aproximada del 14%. En este punto, el Ejecutivo evalúa como alternativa central la privatización, concesión o liquidación de compañías, lo que permitiría reducir personal sin que todas las salidas se contabilicen como despidos directos.
Dentro del Gobierno admiten que “quedan muchas áreas por recortar, pero hay que hacer un trazado fino”. Durante 2024 ya se habían registrado tensiones internas cuando se impuso un porcentaje obligatorio de reducción de contratados, lo que generó resistencia en los ministerios, que argumentaron que esos trabajadores eran los que sostenían gran parte de las funciones operativas.
La coordinación de esta nueva etapa del ajuste, bautizada internamente como “motosierra 2.0”, está a cargo de la Jefatura de Gabinete, que encabeza Manuel Adorni, junto con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El Presupuesto 2026 refuerza este esquema al centralizar la autorización para cubrir vacantes y mantener el congelamiento de ingresos al Estado.
El anuncio encendió alertas en el sector sindical. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que podría adelantar el paro nacional previsto para cuando el Congreso trate la reforma laboral. “El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de todos los vínculos que vencen el 31 de diciembre”, afirmó su secretario general, Rodolfo Aguiar.