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Alquileres ilegales en el CEF Nº20: dos exautoridades condenadas
Tras más de tres años de investigación y múltiples maniobras dilatorias, la Justicia dictó condenas condicionales e inhabilitación absoluta y perpetua para dos exdirectivos del CEF Nº20.
POR REDACCIÓN
La causa por los alquileres ilegales en el CEF Nº20 tuvo una resolución contundente tras más de tres años de investigación, intentos de probation frustrados y disputas judiciales que incluso llegaron a la Corte de Justicia. Dos exresponsables de la institución reconocieron los hechos y fueron condenados en juicio abreviado, lo que derivó en penas de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos o de conducción institucional.
Mario César Sanz, expresidente de la cooperadora, recibió dos años de prisión condicional y fue declarado partícipe necesario de peculado, administración fraudulenta agravada y estafas reiteradas. Daniel Domingo Samat, exdirector y funcionario al momento de los hechos, fue condenado a tres años de prisión condicional como coautor de los mismos delitos. Ambos deberán cumplir reglas de conducta bajo supervisión del Patronato.
La investigación reveló un esquema clandestino que funcionó entre enero de 2019 y septiembre de 2021, mediante el cual se alquilaban canchas, gimnasio, piletas, estacionamiento e iluminación del predio público, sin registro administrativo y con cobros íntegros para los implicados. Se acreditaron más de 810 recibos apócrifos, contratos firmados por Sanz, registros informáticos con más de 5.500 planillas y testimonios de empleados y usuarios que confirmaron la operatoria.
El perjuicio económico mínimo verificado para particulares supera el millón de pesos, aunque el daño al Estado se presume mucho mayor por el uso indebido, el desgaste de las instalaciones y la generación de un sistema administrativo paralelo. Informes oficiales de Educación y Deportes confirmaron que nunca existió autorización para cobrar por el uso del predio.
Sanz y Samat aceptaron los hechos tras una evidencia calificada como “demoledora” por fuentes judiciales. En 2024 habían intentado obtener probation ofreciendo tareas comunitarias y 250 mil pesos, pero la fiscalía se opuso y el proceso terminó con condenas firmes.
El tercer imputado, el exvicedirector Miguel Jofré, seguirá siendo investigado en un expediente separado. Su defensa pidió intervención de una Junta Médica para evaluar su capacidad cognitiva y determinar si puede afrontar el proceso.
El caso, denunciado en agosto de 2022, dejó al descubierto una red de corrupción en un espacio destinado a actividades deportivas gratuitas y se convirtió en uno de los expedientes más relevantes sobre uso irregular de bienes públicos en el ámbito educativo provincial.