Judiciales > Aprobado el resarcimiento
Caso Branka Motors: la Justicia dio luz verde para la devolución de $524 millones a danmificados
La Justicia aprobó un plan de pagos en cinco cuotas para resarcir a 352 denunciantes por presuntas estafas vinculadas a la firma.
POR REDACCIÓN
La Justicia homologó un acuerdo de reparación integral en el marco de la causa por presuntas estafas vinculadas a la firma Branka Motors, que prevé la devolución total de $524 millones a 352 personas damnificadas.
El acuerdo, impulsado por la defensa y validado por la jueza Ana Carolina Parra, establece un plan de pagos en cinco cuotas a cancelar en un plazo de 120 días. Los vencimientos fueron fijados entre el 25 de abril y el 25 de agosto.
Como parte del proceso, los damnificados deberán presentar su CBU bancario dentro de los siete días hábiles en la oficina de Medidas Alternativas del Poder Judicial, para poder recibir los depósitos correspondientes.
La propuesta contempla la restitución íntegra del perjuicio económico denunciado y cuenta con garantías mediante la afectación de bienes muebles e inmuebles, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los pagos comprometidos.
Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que el acuerdo se limita al ámbito penal, sin impedir que las víctimas puedan avanzar con eventuales reclamos por la vía civil.
Para arribar a esta instancia, la UFI de Delitos Informáticos y Estafas llevó adelante un exhaustivo análisis financiero y patrimonial, que incluyó el relevamiento de información en distintas entidades crediticias y la reconstrucción de los movimientos bancarios.
En ese marco, se realizaron 12 allanamientos y diversas medidas orientadas a identificar y asegurar activos vinculados a la causa, lo que permitió avanzar en la trazabilidad de los fondos.
El equipo fiscal interviniente estuvo encabezado por el fiscal subrogante Eduardo Gallastegui y el fiscal de caso Guillermo Heredia, junto a un grupo de ayudantes fiscales y colaboradores.
La reparación integral es una herramienta prevista en el sistema penal que busca priorizar la restitución del daño a las víctimas, en este caso mediante un acuerdo que apunta a recomponer el perjuicio económico sufrido por los denunciantes.