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Caso Magis TV: fallo inédito instruye a Google a bajar app pirata en Android
Un fallo judicial en Argentina no solo amplió bloqueos online contra Magis TV por piratería audiovisual, sino que también instruyó a Google a desinstalar o inhabilitar la app en dispositivos Android con IP argentina.
POR REDACCIÓN
La Justicia argentina dictó una medida inusual en una causa contra Magis TV, una plataforma de piratería audiovisual, al ordenar no solo el bloqueo de sus dominios y sitios relacionados, sino también que Google actúe sobre Android para desactivar o inhabilitar la aplicación en dispositivos con IP de Argentina, un paso profundo en la lucha contra el streaming ilegal.
El fallo, impulsado por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos (UFEIC) bajo el juez Esteban Rossignoli del Juzgado N.°4 de San Isidro, va más allá de las habituales órdenes de bloqueo de enlaces: instruye a la compañía tecnológica a impedir el uso y descarga de la app desde dispositivos Android ubicados en el país, lo que representa un precedente inédito en la regulación de contenidos piratas mediante decisiones judiciales.
La causa, que sigue el curso de la llamada Operación 404 (una investigación internacional contra la piratería audiovisual iniciada en Brasil) incluye monitoreo digital, seguimientos de rutas de comercialización de TV Boxes con la app preinstalada y detenciones de personas acusadas de distribuir y vender el servicio ilegal.
Magis TV ofrece acceso no autorizado a señales de televisión en vivo, películas y series protegidas por derechos de autor sin licencia de sus titulares, lo que constituye una violación a la propiedad intelectual según la legislación vigente. Las medidas judiciales buscan desarticular la infraestructura tecnológica que permite su uso, atacando tanto la descarga de la aplicación como su permanencia activa en dispositivos de usuarios dentro de Argentina.
La instrucción de remover o inhabilitar la app en Android es relevante porque implica que una empresa tecnológica de alcance global tenga que tomar acciones concretas sobre equipos individuales basándose en decisiones judiciales locales, un paso que podría convertirse en referencia en casos similares de combate a la piratería digital.
Las investigaciones aún continúan y la fiscalía proyecta que el expediente pueda llegar a juicio oral durante 2026, con posibles consecuencias penales para quienes integraban la red de distribución ilegal. Mientras tanto, las autoridades buscan consolidar una respuesta operativa ante la proliferación de servicios que vulneran derechos de autor y amenazan tanto el mercado legal como la seguridad digital de los usuarios.