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Causa Cupón PBI: un fallo en Reino Unido complica a la Argentina
La Justicia británica dispuso que la Argentina informe cuentas, deudas y concesiones que podrían ser embargadas en el marco de la causa por el Cupón PBI.
POR REDACCIÓN
La causa por el Cupón PBI volvió a complicar a la Argentina tras un nuevo fallo en el Reino Unido que obliga al país a revelar información sobre activos potencialmente embargables. La orden judicial se inscribe en el proceso iniciado por bonistas que reclaman el pago de una sentencia firme por alrededor de 1.500 millones de dólares, vinculada a títulos atados al crecimiento del PBI.
La decisión de la corte británica establece que el Estado argentino deberá informar datos sobre cuentas bancarias, contratos y concesiones energéticas que podrían ser objeto de embargo. El objetivo de los acreedores es identificar bienes o flujos financieros en el exterior que permitan ejecutar el cobro de la deuda reconocida por la Justicia.
El litigio tiene origen en la modificación del cálculo del PBI realizada en 2007, que redujo el crecimiento informado y evitó el pago de los cupones vinculados a la expansión económica. Los tenedores de esos instrumentos consideraron que el cambio perjudicó sus derechos y llevaron el caso a tribunales internacionales, donde obtuvieron un fallo favorable ya firme desde 2024.
Hasta el momento, la Argentina sólo había desembolsado unos 300 millones de dólares para avanzar en instancias de apelación, pero no realizó otros pagos tras la sentencia definitiva. Por eso, los acreedores avanzan ahora con medidas para cobrar mediante embargos de activos en el exterior.
La orden judicial incluye la presentación de listados de cuentas en instituciones financieras extranjeras, deudas superiores al millón de dólares a favor del país y contratos vinculados a concesiones energéticas u offshore. Analistas del mercado señalaron que la medida busca detectar cualquier beneficio económico de la Argentina que pueda ser alcanzado por acciones de cobro.
El fallo abre un nuevo frente para el Ministerio de Economía, que deberá responder al requerimiento judicial en los plazos fijados y diseñar una estrategia para evitar embargos. El avance de la causa vuelve a poner en foco la herencia de litigios internacionales derivados de la deuda y su impacto potencial sobre las finanzas públicas.