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Con aliados clave, el oficialismo aprobó la nueva Ley de Transporte
El proyecto de ley de Transporte del oficialismo obtuvo 21 votos contra 15 y se aprobó. El aporte de los socios legislativos del orreguismo fue clave en una sesión con mucha discusión.
Por Marcos Ponce
El oficialismo logró una nueva victoria legislativa al aprobar la nueva Ley de Transporte con 21 votos a favor y 15 en contra, resultado que ratificó la capacidad del orreguismo para sostener mayoría con el apoyo de sus socios políticos. En una sesión marcada por tensiones, cruces y mociones contrapuestas, la alianza integrada por el bloquismo, el libertario Fernando Patinella y los peronistas Gabriel Sánchez (gramajismo) y Omar Ortíz (Valle Fértil) fue determinante para inclinar la balanza.
La sesión mostró desde el inicio dos caminos posibles: el del oficialismo y el de la oposición peronista, que presentó una moción propia para modificar el texto. Sin embargo, la propuesta impulsada por el orreguismo fue la que alcanzó los votos necesarios en la votación en general, lo que habilitó el tratamiento artículo por artículo. Allí comenzó el tramo más áspero del debate, protagonizado especialmente por el legislador Mario Herrero (San Juan Vuelve), quien planteó objeciones y propuso modificaciones que no consiguieron respaldo mayoritario.
El momento crítico se produjo cuando el diputado justicialista Eduardo Cabello se retiró del recinto antes del tratamiento en particular. Su ausencia redujo a 16 los votos opositores y permitió al oficialismo imponerse en cada votación por 17 a 16, resultado que se repitió artículo tras artículo. Esa diferencia mínima fue suficiente para aprobar la normativa sin cambios de fondo, aunque con algunas correcciones de forma acordadas durante el debate.
La estratégica ausencia de Cabello reconfiguró la correlación de fuerzas y terminó consolidando la victoria del oficialismo, que logró sostener un texto prácticamente idéntico al que había ingresado a comisiones. El resultado dejó expuesta una oposición fragmentada y con dificultades para sostener una posición unificada en un debate que había sido anticipado como uno de los más importantes del año legislativo.
Los cambios
La versión aprobada de la Ley de Transporte incorpora modificaciones relevantes respecto del proyecto original, principalmente en materia de límites empresariales, regulación de servicios y régimen sancionatorio. Uno de los puntos centrales es el nuevo tope del 25% del parque automotor que puede adjudicarse a un oferente en una licitación. El texto previo fijaba un máximo del 15% de las líneas por persona, pero la redacción final redefine el criterio y amplía el porcentaje, aunque con un esquema más restrictivo para evitar la concentración.
En los servicios regulares, otra diferencia significativa aparece en la posibilidad de ampliación de recorridos: mientras el proyecto inicial permitía modificaciones de hasta el 30%, el aprobado reduce ese margen al 25%, en coherencia con los límites establecidos para la composición del sistema. También incorpora un régimen sancionatorio más estricto, con intimaciones en plazos mínimos de 12 horas y la posibilidad de declarar caducidades “de pleno derecho”.
En los servicios no regulares —taxis, remises, escolares, accesible y transporte alternativo— la nueva versión establece una regulación más detallada. Introduce la geolocalización obligatoria, un registro más estricto en el Re.Pro.Tran. y mayores exigencias documentales, además de reforzar los controles sobre cada modalidad, sin incorporar menciones directas a las plataformas digitales.