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Guanacache y Divisadero denuncian uso ilegal del Río del Agua de parte de empresas
Las comunidades de Guanacache y Divisadero acusan a grandes empresas agroexportadoras de desviar el caudal del río del Agua, una práctica que es ilegal y afecta a distintas localidades del departamento de Sarmiento.
La semana pasada, DIARIO HUARPE informó que los pobladores de Guanacache y Divisadero habían alcanzado un acuerdo histórico que puso fin a un conflicto que los enfrentó durante años por el agua. Ese proceso, que había llegado incluso al Juzgado de Paz de Sarmiento bajo la figura de “Amigables Componedores”, se originó por la disminución progresiva del caudal destinado al riego y al consumo humano en la localidad de Guanacache. A pesar de que el Gobierno Provincial y el Departamento de Hidráulica se negaron a brindar asistencia técnica durante el litigio, ambos pueblos lograron establecer un Acuerdo Privado que homologaron judicialmente hace unos días. Pero ese pacto fue mucho más que una tregua: se convirtió en el punto de partida para unificar reclamos y señalar hacia arriba, hacia donde —aseguran— se encuentra el verdadero problema.
“Decidimos aunar esfuerzos porque entendimos que el conflicto no era entre nosotros, sino con quienes están captando toda el agua”, explicó a este medio Marina Atencio, una de las vecinas denunciantes de la localidad de Divisadero.
La denuncia: desvíos, represas y un río privatizado
Hace unos días, y luego de lograr registrar en imágenes las pruebas del desvío del río, ambas comunidades formalizaron una denuncia ante la defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza, en la que solicitaron una investigación urgente sobre la legalidad de los diques, tomas y represas de gran tamaño construidos aguas arriba del río del Agua.
Según las pruebas aportadas, estas infraestructuras —que, en algunos casos, datarían de hace más de 20 años— fueron levantadas por empresas privadas y fincas vinculadas a proyectos de diferimiento agroexportadores, aparentemente con la venia del Departamento de Hidráulica de San Juan.
Entre las firmas señaladas se mencionan a: Tambo S.A., Agrícola de los Andes S.A., Viña Santa Clara S.A. y Estancia El Durazno S.A.
Estas obras, denuncian, captan la totalidad del caudal, impidiendo que el agua llegue a las comunidades históricamente abastecidas por el río. Tan es así que el caudal tradicional para Divisadero y Guanacache se habría reducido en los últimos años, agravado por la falta de celadores de riego oficiales que controlen la distribución.
La denuncia también apunta contra la empresa Calera San Juan S.A., que —según afirman los vecinos— se habría apropiado de un pozo que siempre perteneció al pueblo de Divisadero para abastecer su propia planta potabilizadora privada. Esto profundiza aún más la crisis de acceso al agua potable para las familas de la zona.
Siete localidades y un humedal internacional en riesgo
La apropiación total del caudal del río, no solo afecta a Guanacache y Divisadero, también impacta a las localidades de Pedernal, Retamito, Cieneguita, Tres Esquinas, y al ecosistema de las Lagunas de Guanacache, un humedal reconocido internacionalmente como Sitio Ramsar.
"Estas lagunas, que dependen del aporte natural del río para mantener su biodiversidad, hoy atraviesan un proceso crítico de degradación hídrica que los pobladores atribuyen directamente al desvío del caudal aguas arriba", explicó Jorge Luis González Narváez, abogado de la comunidad de Divisadero. “Las empresas están cortando el río como si fuera propio. Pero el agua es de dominio público y pertenece a todos”, remarcó.
Exigen un amparo colectivo y la ejecución de obras postergadas
Los pobladores, representados por los abogados Martín Alejandro Mut Paton y Jorge Luis González Narváez, solicitaron a la Defensoría que interponga un amparo colectivo contra el Gobierno de San Juan e Hidráulica. Buscan dos objetivos:
- Garantizar el agua de riego y consumo humano para esta temporada estival y las próximas.
- Obligar judicialmente a que la Provincia ejecute las obras hidráulicas definitivas que están proyectadas desde hace décadas.
Entre esos proyectos se destaca el Partidor Guanacache-Divisadero, elaborado en 2004 (Expediente Nº10.407/2/U/95 y/o 506-3527-U), que nunca fue construido.
Además, pidieron una medida de No Innovar para prohibir el corte o la toma total del caudal del Río del Agua, mientras avanza la investigación.
Omisión estatal y reclamo ambiental
La presentación también denuncia la ausencia del Estado en la fiscalización del recurso. Los vecinos sostienen que Hidráulica incumple el Código de Aguas al permitir una distribución desigual que vulnera el derecho al uso común.
Asimismo, solicitan que la Secretaría de Ambiente intervenga para evaluar la legalidad de las obras construidas y sancione a los responsables por el impacto ambiental generado tanto en los ecosistemas de la cuenca, como en las poblaciones humanas.
“El abandono es total. La cuenca del río está seca, y las obras proyectadas y estudiadas, archivadas y nunca ejecutadas”, subrayan los denunciantes.
La unión como llave de paso
La articulación entre Divisadero y Guanacache es, para muchos sanjuaninos, una metáfora poderosa: dos pueblos enfrentados por la falta de agua se unieron para reclamar por el agua que les quitaron. Y ese giro —que cambió el eje del conflicto— podría convertirse en un punto de inflexión para toda la región, ya que en la provincia, casos como este, en el que se pone en discusión los derechos al agua, hay muchos.
Como si se tratara de abrir una válvula que lleva años cerrada, los habitantes del sur sanjuanino buscan que su denuncia fuerce al Estado a restablecer un caudal que pertenece a la comunidad, al territorio y a los ecosistemas de esa cuenca. Mientras tanto, el agua permanece detenida en represas privadas, a la espera de que la Justicia y las instituciones del Estado decidan si debe volver a correr por su cauce natural, como reclaman quienes llevan años esperando que el río vuelva a ser río.