La semana del 20 de enero de 2026 dejó una estela de bajas resonantes. Entre los funcionarios que presentaron su renuncia o fueron desplazados se encuentran Paulo Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF); Luis Pierrini, secretario de Transporte; y Carlos Casares, interventor del ENARGAS. También dejaron sus cargos Gerardo Boschín y Leonardo Comperatore, al frente de Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura, respectivamente.
Detrás de estas salidas hay un común denominador: la sombra de la irregularidad. En el caso de Pierrini, su salida se aceleró tras una investigación periodística que reveló sospechas de corrupción en el reparto de subsidios dentro de su área. Aunque algunas fuentes oficiales sostienen que una reorganización del sector ya estaba planificada, la denuncia pública dejó al funcionario "contra las cuerdas" y sin el respaldo de Luis Caputo, ministro de Economía, quien ordenó el reformateo del área desde Davos.
El episodio más explosivo, sin embargo, ocurrió en Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa estatal a cargo de las centrales nucleares. Su presidente, Demian Reidel—amigo personal de Milei y colaborador en la redacción de discursos—, enfrentó una rebelión interna. Su vicepresidente, German Guido Lavalle, presentó un informe técnico que detectó supuestas irregularidades y sobreprecios en una licitación de servicios de limpieza. Ante el riesgo de que el escándalo escalara y afectara directamente al Presidente, Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y reportando a Santiago Caputo, impulsó la remoción preventiva de Reidel en el directorio. "Nadie pone las manos en el fuego por Demian. Si esto crecía, podía perjudicar al Presidente", admitieron fuentes al tanto del conflicto.
Internas y desgaste: la otra cara de las renuncias
No todas las salidas respondieron a escándalos públicos. Algunas obedecieron a desgastes en la gestión y diferencias de fondo con la línea oficial. Paulo Starc, en la UIF, había manifestado discrepancias técnicas con el proyecto de "inocencia fiscal" impulsado por el ministro Luis Caputo, advirtiendo que podría colisionar con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Aunque su llegada al organismo había sido patrocinada por Santiago Caputo, Starc no contaba con un gran respaldo interno y su salida se negoció para darle un cargo en el directorio del BICE.
Por su parte, Carlos Casares renunció como interventor del ENARGAS con una carta donde no ocultó su malestar por ser considerado "prescindible", evidenciando las dificultades de articulación que persisten dentro del Gobierno. Su salida se anticipa a la absorción del ente por el flamante Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE).
Estos movimientos reflejan una dinámica de poder en constante ebullición. Santiago Caputo, el principal consejero de Milei, aunque habría perdido terreno como interlocutor político tras el ascenso de Karina Milei, mantiene una influencia decisiva en áreas clave del Estado, como la SIDE y las empresas públicas. Desde su cuenta en la red social X, defiende medidas polémicas, como el DNU que amplía facultades de inteligencia, afirmando que "no habilita una policía secreta".
Un gabinete en transformación continua
Los analistas políticos estiman que este proceso de recambio no ha concluido. En Balcarce 50 se descuenta que el Presidente deberá buscar un reemplazo para Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, quien ya había amagado con irse después de las elecciones de octubre y actualmente se encuentra de licencia. Un posible ascenso de su número dos, Sebastián Amerio—leal a Santiago Caputo— consolidaría aún más el poder del consultor en esa cartera.
También se esperan movimientos en Seguridad. El bullrichista Juan Pablo Allan se alista para dejar el Registro Nacional de Armas (Renar) y saltar a la política local en La Plata, mientras que Diego Valenzuela, exintendente de Tres de Febrero, sería el candidato para asumir al frente de la nueva Agencia de Migraciones.
El politólogo Pablo Salinas, quien monitorea estos cambios, calcula que, con estas nuevas salidas, el promedio de funcionarios de alto rango cesanteados desde el inicio del gobierno de Milei se mantiene en casi dos por semana. Esta cifra ilustra el grado de inestabilidad y la constante reconfiguración que caracteriza a la administración.
La purga de enero de 2026 demostró que, pese al intento de Milei por estabilizar su equipo tras las elecciones legislativas, su gobierno sigue siendo vulnerable a escándalos de gestión, denuncias de corrupción y luchas internas por el poder. La rápida respuesta para contener el caso de Nucleoeléctrica muestra una hiper-sensibilidad al daño reputacional, pero también revela que la designación de figuras de confianza personal en cargos técnicos puede generar riesgos operativos.