Mendoza recaudó $70 millones en 2025 por atención médica a extranjeros

Durante todo el año 2025, el sistema de salud público de la provincia de Mendoza registró un ingreso de $70 millones a sus arcas provinciales. Este monto provino exclusivamente de los pagos realizados por extranjeros no residentes que utilizaron los servicios de hospitales y centros de salud. Según los datos oficiales, esta recaudación correspondió a las atenciones brindadas a 461 personas, lo que arroja un costo promedio por paciente de aproximadamente $150.000. La titular del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud (Reforsal), Daniela Correa, destacó que, aunque la cifra puede parecer baja en términos generales, "equivale a la recaudación anual de un centro de salud chico o al trimestre de un hospital de baja complejidad", representando así un aporte no despreciable para la sostenibilidad del sistema.

Esta política se oficializó el 1 de agosto de 2024, tras su aprobación por la Legislatura mendocina. El mecanismo de cobro se rige por tarifas establecidas por unidades de medida asistencial. Una consulta médica general tiene un costo de $13.000, mientras que una subespecialidad asciende a $19.500. Los servicios de mayor valor incluyen una consulta de urgencia en guardia ($81.900), el traslado en ambulancia médica ($130.000) y, en casos extremos como rescates en alta montaña, un traslado en helicóptero, valuado en $2,08 millones. Correa explicó que el perfil de las atenciones es mayoritariamente ambulatorio: "Se realizan muchos rayos x, ya que varios son turistas que sufren alguna caída o accidente y van a un hospital. También hay una buena cantidad de consultas en odontología, oftalmología y clínica en general". La mayoría de los pacientes provienen de países limítrofes, con una mayor incidencia de chilenos, seguidos por bolivianos, brasileños, peruanos y paraguayos.

Contexto provincial más amplio

Mendoza no es la única provincia que ha adoptado este régimen. Su decisión se enmarca en una tendencia regional donde otras jurisdicciones, argumentando la necesidad de aliviar la presión financiera sobre sus sistemas públicos y apelando a un principio de reciprocidad (ya que en países como Chile se cobra a argentinos no residentes), han implementado normas similares. Además de Mendoza, provincias como Salta, Jujuy y Santa Cruz, así como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han establecido mecanismos para facturar la atención de salud a extranjeros no residentes. Cada una define sus propios alcances, tarifas y excepciones, pero comparten el objetivo común de recuperar parte del costo que representa para el Estado la atención de personas que no contribuyen regularmente con el sistema impositivo provincial.

La situación en San Juan

En contraste marcado con la política mendocina, la provincia de San Juan mantiene, al menos hasta el primer trimestre de 2026, el principio de gratuidad universal en su sistema de salud pública. Esto significa que cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, situación migratoria o lugar de residencia, puede acceder a la atención en hospitales y centros de salud provinciales sin enfrentar un cobro directo al momento de la consulta, tratamiento o internación. Este modelo se basa en una visión de la salud como un derecho humano fundamental, garantizado por el Estado sin barreras económicas, y ha sido una característica histórica del sistema sanitario sanjuanino.

La decisión de no seguir el camino de provincias vecinas podría responder a múltiples factores. Por un lado, San Juan podría realizar una evaluación costo-beneficio diferente, donde el impacto financiero de la atención a extranjeros no residentes no se considere lo suficientemente gravoso como para justificar la complejidad administrativa y el costo político de implementar un sistema de cobro. Por otro lado, existe una estrategia de integración y desarrollo regional, particularmente en zonas fronterizas como la del Paso Internacional de Agua Negra. Facilitar el acceso a la salud puede ser visto como un factor de atracción turística y de buena vecindad con Chile, fortaleciendo los lazos comerciales y sociales en la región.

Sin embargo, esta postura no está exenta de debates internos. La presión financiera constante sobre el sistema público, agravada por la inflación y la demanda creciente de servicios, pone en discusión la sostenibilidad a largo plazo de la gratuidad universal. Es posible que, si el flujo de turistas y viajeros que utilizan el sistema de salud aumenta significativamente (impulsado por la plena operatividad del Paso de Agua Negra), la provincia se vea forzada a reevaluar su posición. Por ahora, las autoridades sanitarias de San Juan no han anunciado planes concretos para modificar la norma, manteniendo un modelo que prioriza el acceso sin condicionamientos, pero con la sombra de los desafíos presupuestarios sobre el horizonte.

El panorama en el noroeste y centro de Argentina presenta así un mapa sanitario fragmentado. Mientras un bloque de provincias, liderado por Mendoza, avanza hacia modelos de recupero de costos para extranjeros no residentes, San Juan se mantiene, por el momento, como un bastión del acceso gratuito. Esta divergencia genera que la experiencia para un turista o viajero extranjero que necesite atención médica de urgencia varíe radicalmente según en qué lado de la frontera provincial se encuentre. La situación plantea un dilema más amplio entre la sostenibilidad económica de los sistemas públicos de salud y la garantía de un derecho humano universal, un equilibrio que cada provincia resuelve según su propia realidad geográfica, económica e ideológica. El futuro dirá si San Juan sostiene su modelo o si la presión de las tendencias regionales y las finanzas públicas la llevan a alinearse con sus vecinas.