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La historia del Templo Filadelfia: la secta que forzaba a las parejas a tener hijos para luego explotarlos en su panadería
Investigaciones judiciales y testimonios en el juicio revelaron que la organización, registrada como culto, ejercía un dominio total sobre sus miembros. Les exigía la entrega de sus bienes, los aislaba, y según los testimonios, incluso los obligaba a tener hijos para incrementar el número de personas bajo su control.
POR REDACCIÓN
El "Templo Filadelfia" fue una organización registrada como culto religioso que, según la justicia argentina, operó durante décadas como una red criminal dedicada a la explotación de personas. Tras una extensa investigación, el Estado llevó a sus líderes y miembros a juicio por delitos graves, incluyendo trata de personas y reducción a la servidumbre. Este caso, desbaratado en 2025, es considerado por las autoridades como una de las redes de explotación laboral más grandes descubiertas en el país.
La investigación judicial, que incluyó operativos en múltiples provincias, reveló un sistema organizado de captación y sometimiento de familias enteras. El juicio oral contra los acusados se desarrolló durante 2025 en el Tribunal Oral Federal de San Martín, poniendo en evidencia las graves acusaciones contra la organización.
Historia y estructura de la organización
El Templo Filadelfia inició sus actividades en Argentina a principios de la década de 1970. La organización se registró formalmente en el Registro Nacional de Cultos en el año 1981, obteniendo así un reconocimiento oficial estatal. Su sede principal funcionaba en un edificio de la calle Centenera 3715, en la localidad bonaerense de San Justo.
Desde su base en el conurbano, la red extendió su presencia a otras provincias. La investigación confirmó la existencia de sedes o propiedades vinculadas a la organización en Salta, Tucumán, Mendoza, Neuquén y Entre Ríos. Las pesquisas también indicaron posibles vínculos de sus actividades con Paraguay y Brasil.
La líder histórica e indiscutible de la organización fue Eva Petrona Pereyra, conocida internamente como "La Tía Eva". Durante el juicio, que tuvo lugar en 2025, Pereyra tenía 80 años y se encontraba en prisión preventiva. Su figura era central en la doctrina del grupo, presentándose ante los miembros como una persona con dones espirituales especiales. La estructura de mando contaba con una jerarquía de pastores y colaboradores cercanos a la dirección.
Modus operandi: el sistema de captación y control
Según las actas del juicio y los informes fiscales, el método de la organización para incorporar y someter a las víctimas seguía un patrón sistemático que se aprovechaba de situaciones de vulnerabilidad.
El primer paso era la captación. Los reclutadores se acercaban a familias en situación de pobreza o necesidad extrema. Les ofrecían apoyo espiritual y material, convenciéndolas de que era "la voluntad de Dios" que se unieran a la comunidad. Como parte de este proceso inicial, se les instaba a realizar una "ofrenda" que, en la práctica, consistía en vender todos sus bienes y entregar el dinero a la organización.
Una vez dentro, comenzaba la fase de aislamiento y control total. A las familias se les quitaban sus documentos de identidad, se las alejaba de sus contactos externos y se las hacía vivir en condiciones de hacinamiento. El control sobre la vida cotidiana era absoluto. Los niños y adolescentes eran obligados a abandonar la escuela.
La explotación laboral era el pilar económico. Las víctimas, incluidos menores de edad, eran forzadas a trabajar hasta 12 horas diarias en una panadería propiedad de la organización. Los productos se vendían en la vía pública y las ganancias eran confiscadas íntegramente por los líderes. Testimonios indican que algunas víctimas también fueron trasladadas a trabajar al exterior, específicamente a Paraguay y Brasil.
Los investigadores hablaron de "rigurosos métodos de adoctrinamiento y castigos". Además les prohibían tener contacto con personas ajenas a la organización. En ese sentido desde la secta se imponía la formación de parejas "presuntamente elegidas por Dios". De esa manera nacían niños criados bajo estas creencias que al llegar a determinada edad eran incorporados al sistema de explotación laboral junto a sus padres. La mayoría de miembros no poseía documento de identidad y no tenían acceso a otros derechos como el de la salud. Pocas veces se les permitía recibir atención médica.
El régimen se sostenía mediante un sistema disciplinario basado en el castigo y el terror. Quienes desobedecían o intentaban oponerse sufrían golpes, cachetazos y humillaciones públicas. La organización disponía de un lugar llamado "El Descanso", un predio en la ciudad de Miramar que funcionaba como un sitio de castigo y reclusión para los miembros que caían en desgracia.
Los delitos juzgados y los testimonios clave
El Tribunal Oral Federal de San Martín procesó a 28 personas por una asociación ilícita acusada de cometer múltiples delitos. La lista de cargos presentados por la fiscalía incluyó asociación ilícita, reducción a la servidumbre, trata de personas, abusos sexuales agravados, sustracción de menores y lavado de activos.
Durante el juicio, varios sobrevivientes brindaron testimonios detallados que describieron la vida dentro de la organización. J. A., una de las primeras víctimas en escapar y denunciar, declaró: "Si salíamos sin permiso... nos golpeaban hasta dejarnos un ojo morado... A algunos chicos les pegaban delante de sus padres". Relató además que a los 11 años fue obligada a dejar la escuela para dedicarse a vender pan.
Otro testimonio conmocionante fue el de L. N. B., quien fue captada de niña. Declaró que desde los 9 años fue forzada a limpiar la panadería y que posteriormente fue trasladada a Paraguay y Brasil para trabajar para la organización. Los peritajes psicológicos confirmaron que padece secuelas graves, diagnosticadas como trastorno de estrés postraumático como consecuencia de lo vivido.
Las escuchas telefónicas interceptadas por la justicia fueron otra prueba crucial. En una de ellas, se puede oír a la propia Eva Pereyra ("La Tía Eva") reclamar con agresividad a una subordinada por la falta de dinero para alimentar a las personas bajo su control, demostrando el manejo económico de la organización.
El desbaratamiento y la situación actual del caso
La caída de la red comenzó con una denuncia inicial de una víctima que logró escapar. Esto activó una investigación a gran escala que culminó en enero de 2025 con un masivo operativo policial. En él participaron 250 gendarmes y 389 policías federales, que realizaron 23 allanamientos simultáneos en seis provincias argentinas.
El resultado del operativo fue la detención de siete integrantes de la cúpula y, lo más importante, el rescate de 69 víctimas que se encontraban en poder de la organización. Todas ellas recibieron asistencia inmediata del Estado.
Como consecuencia directa de la investigación y de las pruebas de actividades delictivas, el Estado argentino procedió a dar de baja al "Templo Filadelfia" del Registro Nacional de Cultos, revocando así su personería jurídica religiosa. Las autoridades también informaron del caso a sus pares de Brasil y Paraguay para colaborar en la investigación de los vínculos trasnacionales.
El juicio oral por estos hechos se extendió a lo largo de 2025. Debido a la enorme cantidad de pruebas y testimonios, los magistrados han señalado que es complejo prever una fecha exacta para su finalización y la posterior sentencia.
Un hecho relevante ocurrido durante el proceso judicial fue la decisión del tribunal de otorgar una medida de asistencia económica a la víctima L. N. B. y a sus hijos. El fallo, que ordena el pago con fondos del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, busca cubrir sus necesidades básicas y gastos médicos, marcando un precedente en la reparación de las víctimas durante el transcurso del propio juicio.
El caso del Templo Filadelfia sigue abierto a la espera de la sentencia definitiva, que determinará las responsabilidades penales de cada uno de los 28 acusados.