POR REDACCIÓN
18 de noviembre de 2019
El presidente de la región española de Cataluña, Quim Torra, admitió hoy que "desobedeció" a la Junta Electoral Central, al declarar en el juicio por el que afronta una pena de inhabilitación de dos años por haberse negado a retirar de edificios públicos pancartas y lazos amarillos con los que los independentistas denuncian el encarcelamiento de sus líderes. El juicio contra Torra se desarrolla en una única jornada y está previsto que se resuelva con celeridad, con lo que en caso de condena se desencadenaría un proceso que previsiblemente terminará en unas elecciones anticipadas en Cataluña. La Fiscalía acusa a Torra de un delito de desobediencia que él mismo ya reconoció durante la fase de investigación, por no haber cumplido con la orden impartida por la junta electoral de retirar los mensajes de denuncia y la simbología independentista durante la campaña de las elecciones generales de abril pasado. "Sí, desobedecí a la Junta Electoral Central porque era una orden ilegal", afirmó Torra hoy al declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), en Barcelona, donde se lleva adelante su enjuiciamiento. "Era un acto de censura y no estaba dispuesto a permitirlo", argumentó el presidente catalán. "Yo tengo muchos deberes como presidente, y el primero es defender los derechos y libertades, y no ordenaré nunca que se retire un lazo o una estelada (bandera independentista). Hablamos de censura y de vulneración de derechos", insistió. Previamente, Torra explicó que la orden de la junta electoral a su entender "era ilegal" y buscaba hacerlo "prevaricar", motivo "por el que la "impugnó". "La Junta Electoral Central no es un órgano jerárquico superior al presidente", remarcó el líder secesionista, quien se negó a responder a las preguntas de la acusación popular, que ejerce el partido ultraderechista Vox, al que calificó de "franquista". El Ministerio Público acusa a Torra de "desatender abiertamente" y mostrar un "desprecio absoluto a acatar la orden" de la Junta Electoral Central de no exhibir simbología independentista en los edificios públicos, y pide para él una pena de inhabilitación de 20 meses por un delito de desobediencia y una multa de 30.000 euros. El partido Vox, por su parte, reclama 72.000 euros y condena de dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La defensa de Torra pide su libre absolución por entender que no cometió delito alguno. Mientras se celebraba el juicio, centenares de personas se congregaron a las puertas del TSJC para apoyar a Torra con mensajes que reivindicaron su decisión de "haber mantenido el símbolo de la libertad". "A tu lado contra la represión", podía leerse en una de las pancartas de los manifestantes independentistas. Si el TSJC condena a Torra, no quedará automáticamente inhabilitado, ya que puede recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo español. Oficialmente el mandato del presidente catalán culmina en mayo de 2022, pero la situación penal y política en la que se encuentra Torra posiblemente tenga un desenlace rápido que fuerce a nuevas elecciones anticipadas en Cataluña.
Más Leídas
Más Leídas