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Esa ambigua figura institucional

Félix V Lonigro

POR Félix V Lonigro SEGUIR
02 de abril de 2020

02 de abril de 2020

Desde que en 1853 el país se organizó políticamente al amparo de una Ley Suprema o Constitución, en la Argentina han gobernado treinta y cinco presidentes constitucionales (incluyendo al actual Alberto Fernández, y sin incluir a los doce militares que lo hicieron en gobiernos de facto).

De esos treinta y cinco primeros mandatarios, seis fueron vicepresidentes que debieron reemplazar a los presidentes a los que acompañaban (Carlos Pellegrini reemplazó a Miguel Juárez Célman en 1890; José Evaristo Uriburu reemplazó a Luis Sáenz Peña en 1895; José Figueroa Alcorta reemplazó a Manuel Quintana en 1906; Victorino de la Plaza hizo lo propio respecto de Roque Sáenz Peña en 1914; Santiago Castillo reemplazó a Marcelino Roberto Ortiz en 1942 y María Estela Martínez reemplazó a Juan Domingo Perón en 1974).

    Hubo por lo tanto en la Argentina más presidentes constitucionales que vicepresidentes, porque fueron muchos los primeros mandatarios que gobernaron sin vicepresidentes: para empezar, los seis vicepresidentes mencionados, cuando asumieron sus respectivas presidencias, condujeron los destinos del país sin vicepresidente.

    Pero también gobernaron solos, presidentes cuyos vicepresidentes renunciaron o fallecieron: Yrigoyen gobernó tres años sin vicepresidente por el fallecimiento de Pelagio Luna; Frondizi gobernó un año sin su vice, como consecuencia de la renuncia de Alejandro Gomez; Menem hizo cinco años de su primera presidencia sin su vice Eduardo Duhalde, cuando éste asumió como gobernador de la provincia de Buenos Aires; y De la Rúa también debió gestionar más de un año sin el acompañamiento del renunciante Carlos “Chacho” Alvarez.

    Por su parte, gobernaron sin vicepresidentes los primeros mandatarios que tuvieron que asumir la presidencia a raíz de la ley de acefalía: José María Guido en 1962, Raul Lastiri en 1973, Alberto Rodríguez Saa en 2001 y Eduardo Duhalde en 2002.

    En definitiva, así como en la historia política de nuestro país hubo treinta y cinco presidentes constitucionales, se contabilizan solo treinta y un vicepresidentes. El primero de ellos fue sanjuanino: se trata de Salvador María del Carril, que no solo fue vicepresidente de Justo José de Urquiza, sino que además antes había sido integrante de la Convención Constituyente que sancionó la Ley Suprema, y luego fue uno de los primeros cinco integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La figura del vicepresidente es particularmente intrascendente, porque más allá de la particular y exótica situación actual, en la que es vicepresidente una mujer que antes había sido primera mandataria, en general la institución vicepresidencial es débil y poco conocida. Obsérvese que, por un lad,o la Constitución Nacional le impone la tarea de presidir el Senado de la Nación, pero por otro lado no solo no le asigna la calidad de legislador (ya que salvo que fuera necesario desempatar por existir igualdad de votos entre los senadores, no participa en la sanción de las leyes), sino que  además lo identifica claramente con el órgano ejecutivo, porque es el designado constitucionalmente para reemplazar al presidente de la República en caso de ausencia, y porque cuando nuestra Ley Suprema regula la duración del cargo vicepresidente, la forma de elección, los requisitos, la remuneración, la fórmula de juramento y la solución en caso de ausencia, lo hace en la sección dedicada al presidente de la Nación.

La ambigüedad antes referida hace que la figura del vicepresidente esté, en su dimensión institucional, caracterizada por fortalezas y debilidades.

 Debilidades porque preside un órgano de cuya actividad legislativa no participa, ya que no tiene tareas asignadas en el órgano ejecutivo (allí cumple un rol en expectativa, debiendo estar preparado para reemplazar al presidente de la Nación en caso de ausencia), y porque la Constitución Nacional no prevé la obligación de reemplazar al vicepresidente en caso de ausencia.

 Sin embargo la escasa magnitud del cargo vicepresidencial contrasta con algunas fortalezas que no pueden ignorarse: es un funcionario con legitimidad democrática de origen -ya que es elegido por el pueblo a través del sufragio-, no puede ser removido de su cargo por el Presidente –toda vez que eso solo puede hacerlo el Congreso Nacional a través de un juicio político-, y a pesar de tener una escasa relevancia institucional, de pronto puede convertirse en la primera figura política del país, en la medida que, de ocurrir un deceso, renuncia o destitución del primer mandatario, aquel debe ocupar su cargo hasta la finalización del período presidencial.

Como dato particular, vale la pena aclarar que así como de los treinta y cinco presidentes constitucionales que ha habido en nuestro país, veintitrés fueron abogados (el 65%); de los treinta y un vicepresidentes argentinos que hubo, diecisiete fueron abogados (el 55%).

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