Fiesta VIP en San Juan: quedaron todos impunes pese a violar la cuarentena

Luego de las múltiples idas y vueltas que tuvo el caso de los 48 imputados en la causa llamada Fiesta VIP, que se originó por violar el aislamiento en plena cuarentena, este jueves el proceso llegó a su fin y todos quedaron impunes. Así lo confirmó el juez Eduardo Raed en una audiencia celebrada en el Fuero de Flagrancia, después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidiera y afirmara tras un año que el caso debía resolverse con jurisprudencia local. La resolución final se conoció después del pedido de proscripción por parte de los abogados defensores y la adhesión de Iván Grassi en representación del Ministerio Público Fiscal.

Los 48 fiesteros VIP habían sido imputados por violar el aislamiento en plena cuarentena. El hecho se produjo el pasado 11 de septiembre de 2020 cuando la Policía allanó una propiedad del barrio privado Casa Grande, en Santa Lucía, donde decenas de personas bebían y bailaban en horas de la madrugada. En el evento clandestino había un DJ, además los efectivos que intervinieron secuestraron cervezas y bebidas blancas.

Por este motivo, los imputados que comenzaron a enfrentar el procedimiento fueron identificados como Martín Roldán, Florencia Coria, Florencia Sarmiento, Milagros Atencio, Marcelo Jamenson, Lucía Pastor, Mauro y Julieta Mordacci, Jimena Pintor, Josefina Kadi, Mariano Mattar, Mauricio Gómez, Ornella Vidal, Victoria Elizondo, Emilia López, Daniela Durán, Mariana Becerra, Leandro Tello, Emiliano Pérez, Mauricio Funes, María Meritelo, Martina Aguiar, Federico Nelson, Facundo Velasco, Lucas Durán, Sofía Baños, Valentina Colombo, Luciana Camilleri, Maximiliano Ortiz, José Amaya, Patricia Díaz, Carla Vila, María Matons, Siria Ayala, Daniela Coria, Enrico Zullich, Guadalupe Toledo, Juan Olmedo, Augusto Baigorrí, Santina Zunino, Gonzalo Clavel, María Navarrete, Julieta Rotman, Ángel Requena, Julián Uzair, Santiago Pérez, Guadalupe Touris y Juan Velasco.

Tras las presentaciones formales, la audiencia comenzó con el pedido de los abogados defensores que solicitaron la prescripción de la causa. El que empezó con la presentación fue el abogado Leonardo Villalba, defensor de 25 imputados. Lo mismo hicieron otros letrados que estaban presentes en la sala, mientras que otros lo hacían vía Zoom. Todos coincidieron en que la causa prescribió el pasado 11 de septiembre de este año.

Posterior a que los abogados expusieran sus argumentos quedó el turno para la fiscalía. Para Iván Grassi, el trámite legal es que la presentación se debería haber hecho al Ministerio Público Fiscal y no al tribunal. En ese contexto, indicó que la causa fue el 11 de septiembre y siete días después, el 18 del mismo mes, se inició la audiencia. Al mismo tiempo, detalló todas las apelaciones y recursos extraordinarios que se presentaron en distintos tribunales y hasta la Corte, como así también los recursos de inconstitucionalidad.

"Somos conscientes desde el Ministerio Público Fiscal que cerrar esta causa es un mensaje negativo para la sociedad, a pesar de los esfuerzos que se habían hecho en tiempo y forma para llevarla adelante y que se sepa y que se resuelva en esta circunstancia. Por lo expuesto considero hacer lugar a lo peticionado por las defensas", aseguró el fiscal Iván Grassi. Luego Raed definió pasar a cuarto intermedio, aunque todo indicaba que la causa iba a ser archivada. Fue así como la popularmente denominada Fiesta VIP llegó a su final sin culpables, después de la lectura que realizó el magistrado tras un cuarto intermedio de casi una hora.

Una causa mediática y de gran impacto

El caso de la Fiesta VIP causó gran impacto en la provincia y desde un momento fue polémico. En primer lugar, se dio una particularidad especial porque la sala de audiencia se montó en el Teatro Municipal, que está ubicado frente a la Plaza 25 de Mayo. Esto se debe a que se buscó un lugar grande para que se respetara el distanciamiento.

Durante las primeras audiencias, que llegaron a durar más de seis horas, se produjeron cruces picantes entre los abogados defensores y el Ministerio Público Fiscal. Mientras los imputados se sacaban fotos, al tiempo que hablaban o se reían entre ellos. Allí los letrados plantearon una probation para evitar una condena y propusieron pagar una suma de dinero en resarcimiento y trabajos comunitarios.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal se opuso argumentando que estaban frente a un delito que ponía en riesgo a la población y exponía a contagios masivos de coronavirus. De modo que tampoco se llegó a un acuerdo para abreviar el juicio para que los imputados no recibieran condenas condicionales.

Fue así como se inició una guerra judicial por partes de los abogados defensores porque el magistrado de la causa intentó darle continuidad al proceso. Los defensores presentaron recursos para insistir con una probation y después los jueces de la Sala Segunda de la Cámara Penal rechazaron esa posibilidad. Con disconformidad, los letrados recurrieron a la Corte de Justicia.