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La justicia laboral decidió la intervención del sindicato portuario del detenido Herme Juárez

POR REDACCIÓN

08 de noviembre de 2019
La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó la intervención del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de las localidades santafesinas de Puerto General San Martín, Bella Vista, Timbúes y Puerto Gaboto, que conducía el ahora detenido Herme Juárez, luego de señalar en un fallo que el ex dirigente y su conducción fueron autores de los delitos de "asociación ilícita, administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos". En ese sentido, el tribunal sostuvo que "el lavado de activos fue de origen ilegal y agravado por habitualidad", por lo que autorizó la intervención del gremio del ex dirigente. Los voceros gremiales dijeron que la decisión generó "sorpresa" y las fuentes de Producción y Trabajo señalaron que el fallo de los magistrados Héctor Guisado y Manuel Diez "no fue político o direccionado", aunque varios dirigentes sindicales sospechan de "las razones de la determinación judicial porque el gobierno se retira en solo un mes". El fallo resolvió "la suspensión en el ejercicio de sus funciones de quienes integran el órgano de conducción" y autorizó "la designación por parte de la autoridad administrativa de un funcionario con facultades para realizar actos conservatorios y de administración para subsanar las irregularidades aludidas, por un plazo de 180 días corridos". El pilar del fallo fue la investigación oportunamente realizada por la justicia federal de Campana, que procesó y dictó la prisión de Juárez, y consignó que fue acreditado "con grado de probabilidad" que el sindicalista y Oscar Juárez -con la participación de Luis Bunello, integrante del sindicato, y de Ramón Jerez, abogado del gremio- aplicaron en "la esfera propia de sus incumbencias múltiples conductas extorsivas", puntualizó. También indicó que para ello los dirigentes "se valieron del componente gremial para intimidar a las empresas competidoras, utilizando la estructura sindical". Para los letrados, los delitos de administración fraudulenta y lavado de activos fueron realizados valiéndose del sindicato, por lo que autorizaron la intervención de la entidad.
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