POR REDACCIÓN
19 de diciembre de 2019
Pacientes que necesitaban un trasplante y le cambiaron a último momento la clínica, otros con dificultades de movilidad que llegan a turnos que les suspenden, medicamentos que no se autorizan son sólo algunas de las situaciones que llevaron a más de cien afiliados a presentar una demanda contra Salud Plena, la prepaga que compró la prestación médica de la Mutual Odontológica Argentina (MOA), también denunciada. "Tras un largo proceso, en febrero le diagnosticaron a mi mamá mieloma múltiple y evaluaron que debía hacer quimioterapia e ir luego a un auto-trasplante de médula. Ahí comenzó un calvario", cuenta a Télam Nicolás F., hijo de Irene. Para cada estudio e incluso para cada sesión de quimio, el joven debía llamar una y otra vez y asistir a las oficinas para que autorizaran. "Parece un tema menor, pero no lo es, cuando uno tiene un familiar que está mal tener que estar peleando cada trámite es muy desgastante", describe. El punto máximo ocurrió cuando Irene esperaba una cama para internarse en un centro de reconocida trayectoria para comenzar con el proceso de quimio previo al trasplante y una empleada administrativa informó que Salud Plena "no había autorizado el presupuesto" por lo que "no podían internarla". "Durante más de un mes esperamos que le asignaran un nuevo lugar. Finalmente en agosto se hizo el trasplante y hoy la lucha es conseguir la medicación porque me están dando vueltas para entregarla", comenta Nicolás. La situación de Irene, aunque extrema, no es muy distinta a la de los otros clientes de Salud Plena (SP HEALTH GROUP S.A.S), una empresa que compró la cartera de clientes del servicio de salud que era de MOA. "Si bien el servicio ya venía empeorando, tras la venta modificó la cartilla a su antojo, cambió a los prestadores, interrumpió tratamientos, no autorizan ningún estudio y solicita autorización hasta para concurrir a una guardia, además no suministran normalmente los medicamentos", describe por su parte Gabriela S. quien tuvo esta cobertura hasta hace unos meses y logró cambiarse. Sin embargo, los padres de Gabriela siguen afiliados porque "al ser personas mayores están cautivos porque ninguna otra obra social ni prepaga los toma, incluso pagando cifras altísimas", comenta la mujer que informa que por sus padres paga 26.500 pesos "y no es el plan más caro cuyos afiliados llegan a pagar hasta 35.148 pesos por matrimonio". Así, la cobertura que supo tener centros de salud como el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), Clínica San Camilo, Hospital Alemán, Hospital Italiano, Sanatorio Otamendi, Bazterrica, entre otros, actualmente sólo tiene cobertura en el Hospital Militar debido a que los anteriores suspendieron el servicio por falta de pago. En ese contexto, a principio de diciembre, unos 110 afiliados presentaron un amparo colectivo ante el Fuero Civil y Comercial Federal de la Nación el cual se encuentra a la espera de que designen juez dado que el que intervino primero se excusó dado que su mujer pertenece a la MOA, que también fue demandada. No es la primera demanda que tienen ambos actores: MOA cuenta con al menos diez causas en el fuero comercial y cinco en el civil, mientras que SP HEALTH tiene dos en el civil y una el el comercial. Ambas entidades fueron consultadas por Télam para esta nota, sin respuesta. Por su parte, Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, presentó un oficio en la Superintendencia de Salud para que el Estado intime a la empresa a restituir la atención por cartilla. "Se trata de derechos que tenían adquiridos, la empresa no puede escudarse en que cumple con el Plan Médico Obligatorio", explica por su parte el Defensor y concluye que "es una situación que estamos viviendo entre las personas mayores que quedan cautivas de un servicio de salud, lo mismo que las personas con alguna discapacidad y, sin embargo, son quienes más lo necesitan".
Más Leídas
Más Leídas