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Política > Norma aprobada

Una ordenanza clave para mejorar viviendas precarias en Chimbas

El Concejo Deliberante de Chimbas aprobó el proyecto “Techo Digno, Solución Esperada”, impulsado por el concejal Luciano Cano y habilita a los vecinos en situación de vulnerabilidad a solicitar materiales para sus techos.

Hace 12 horas
Luciano Cano impulsó el programa Techo Digno, Solución Espera que permite que la comuna de Chimbas que asista a vecinos con viviendas precarias. Imagen: Archivo. 

En un contexto marcado por las lluvias intensas y la exposición de viejas problemáticas estructurales, Chimbas cuenta desde el año pasado con una herramienta normativa orientada a dar respuesta a una de las demandas sociales más sensibles del departamento: las viviendas con techos deteriorados o en mal estado. Se trata de la ordenanza que crea el programa municipal “Techo Digno, Solución Esperada”, un proyecto impulsado por el concejal Luciano Cano y aprobado por el Concejo Deliberante, que permite a los vecinos solicitar materiales y asistencia para reparar filtraciones y daños graves en sus hogares.

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La iniciativa parte de un diagnóstico concreto y recurrente en Chimbas. Cada episodio de lluvias deja al descubierto la situación de cientos de familias que conviven con goteras, humedad persistente, filtraciones y, en los casos más extremos, riesgo de derrumbe. Según los fundamentos de la ordenanza, estas condiciones afectan con mayor crudeza a los sectores más vulnerables, especialmente a hogares donde viven niños, adultos mayores o personas con discapacidad, exponiéndolos a problemas de salud y a situaciones de vida que atentan contra la dignidad habitacional.

Con la aprobación de la norma impulsada por el edil del bloque Por Vos, permite que el municipio cuente con la normativa para crear un programa permanente destinado a la reparación de techos con deterioros graves, estableciendo reglas claras para acceder al beneficio. Entre los requisitos principales, se exige acreditar al menos dos años de residencia en el departamento y demostrar una situación de vulnerabilidad socioeconómica. El objetivo es focalizar la asistencia en quienes realmente necesitan el acompañamiento del Estado municipal y evitar un uso discrecional de los recursos.

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La ayuda prevista por la ordenanza contempla distintas modalidades. Por un lado, la entrega directa de materiales básicos necesarios para las reparaciones, como machimbre, membrana, palos, clavos, arena y otros insumos. Por otro, un esquema mixto que incluye materiales y mano de obra, que podrá ser provista por personal municipal o mediante contratación, dependiendo de la complejidad de cada caso. De esta manera, el programa se adapta a diferentes niveles de deterioro y a las capacidades reales de las familias beneficiarias.

En cuanto a la implementación, la ordenanza establece que el financiamiento del programa saldrá del Presupuesto Municipal. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Desarrollo Social, que trabajará de manera coordinada con el área de Obras Públicas. Esta articulación busca garantizar una evaluación social adecuada de cada situación y, al mismo tiempo, una ejecución técnica eficiente de las reparaciones, combinando criterios de equidad y control.

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El proyecto incluye además un anexo técnico con una estimación detallada de costos y alcances. En una primera etapa, el programa está pensado para llegar a unas 800 viviendas, clasificadas según el nivel de deterioro de los techos. Se prevén reparaciones menores, medias y mayores, con costos estimados —a valores de septiembre de 2025— que van desde los 80.000 hasta los 825.000 pesos por vivienda. La inversión total estimada para este programa piloto asciende a 337 millones de pesos, con la recomendación de prever un margen adicional del 10% para imprevistos.

El mecanismo de ejecución se organiza en cinco etapas: una convocatoria pública, la priorización de beneficiarios según criterios de vulnerabilidad, la compra centralizada de materiales, la ejecución de las obras y la supervisión técnica. Para el impulsor del proyecto, este esquema es clave para asegurar transparencia, control del gasto y un uso eficiente de los recursos públicos.

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