El fiscal dio por terminada la investigación contra los tres hombres acusados de una maniobra que puso en riesgo a 100.000 usuarios de agua potable del Gran San Juan.
El único que permanecerá detenido durante la investigación es el capataz del turno, Víctor Hugo Godoy, porque tiene antecedentes por violencia de género.
Las autoridades de Obras Sanitarias prefieren no hablar mientras sigue la investigación judicial. En la planta potabilizadora siguen la misma línea y ni el sindicato emitió opinión.
Familiares de uno de los ex trabajadores expulsados e investigados penalmente aseguran que él no tuvo responsabilidad y pidieron que “frene el escrache”.
Néstor Olivera, co-defensor de uno de los señalados por afectar el agua, negó el delito, pero también dijo que si hubo contaminación, la empresa estatal debió informar.
Este lunes se presentaron ante la Justicia en la audiencia de formalización. Dieron cuatro meses para investigar los hechos, tiempo que estarán detenidos.