El fallo cuestionó la falta de fundamentos del juez federal de Río Gallegos y sostuvo que no se acreditó un peligro ambiental concreto e inminente.

El juez federal de Santa Rosa, La Pampa, rechazó la cautelar para frenar la reforma, aunque admitió la demanda colectiva de ONGs y el gobierno de La Pampa.

Con más de 850 mil adhesiones organizaciones ambientales y de derechos humanos pidieron a la Justicia frenar la reforma aprobada el 9 de abril por considerar que debilita la protección del agua.

Un juez federal suspendió la aplicación de la reforma en Santa Cruz tras un amparo de El Calafate y ordenó al Estado no avanzar con medidas basadas en la norma.

Orrego enfatizó que el cuidado del agua es una prioridad para la provincia y advirtió que no debe confundirse la protección de los glaciares con la gestión de los recursos hídricos.

El gobierno pampeano presentó un amparo colectivo para frenar la reforma de la Ley de Glaciares recientemente aprobada por el Congreso.

El presbítero Gustavo Vaca reflejó la postura después de la sesión en Diputados sobre la modificación del contenido de la norma que regula y hace el inventario de glaciares en el país. “Me parece inmoral” dijo el religioso sobre esta reforma.

Organizaciones ambientales convocan a una acción judicial masiva para frenar la reforma. Denuncian inconstitucionalidad y falta de participación ciudadana.

Uno de los principales cambios otorga mayor margen a las provincias para definir sus criterios de protección.