¿Combatiendo al capital?

En tiempos de crisis los viejos apotegmas renacen con fuerza. Simulan adaptarse, pero en el fondo no son más que expresiones cabales de una sociedad maniática de malos hábitos.

El péndulo impertérrito de los últimos 70 años de historia argentina: cortos ciclos de creación de riqueza, seguidos de muchos años de una gran dilapidación. Es así como malgastamos los lingotes que eran reservas, estatizamos, pesificamos, subsidiamos tarifas indiscriminadamente y comprometimos recursos energéticos. Los ejemplos siguen.

La propuesta del actual gobierno se diferencia de las experiencias anteriores en que su proyecto distributivo no se apoya ahora sobre los excedentes sino sobre el propio capital del sector privado: el plan no es repartir lo generado sino la fuente misma de la que brota la riqueza.

Se ignora el nudo gordiano y la cronología natural del hecho económico: CREAR, como paso previo a distribuir. El planteo es de una gran insensatez: consumir el capital; canibalizar la economía.

Cuatro representaciones icónicas ilustran la anacrónica tendencia, que impropiamente emulan los últimos desarrollos del capitalismo de oriente.

La primera, de enorme poder simbólico, es el impuesto a los grandes patrimonios. Busca imponerse aun cuando el sistema tributario argentino es uno de los de mayor presión fiscal del mundo. No basta con gravar la riqueza creada, el consumo y lo producido: es el capital mismo lo que debe solidarizarse.

En el ámbito laboral, la ley de teletrabajo anunció la voluntad de quedarnos congelados en el esquema jurídico del siglo pasado, eliminando las ventajas de la tecnología y perdiendo la oportunidad de contener el desempleo desatado por la pandemia. Se combina con una visión de la justicia laboral ya generalizada a favor de la responsabilidad solidaria del empresario, ahora potenciada por medidas de gobierno como la voluntarista prohibición de despidos y una doble indemnización tan larga como la cuarentena.

En el plano societario, la extensión de quiebra es el dispositivo elegido para fundir a los accionistas con la sociedad. En épocas de quebrantos generalizados, hacer trizas la personalidad jurídica es el camino para acceder al patrimonio de los socios y emprender aventuras distributivas. Todo esto alentado por una autoridad registral que en lugar de impulsar las sociedades como probado vehículo para la creación de riqueza, se muestra obsesionada con aumentar la burocracia, los costos e interferir en su desempeño.

La última pieza evoca las viejas luchas marxistas que ponían el acento en la distribución de la tierra. Conceptos arcaicos como “oligarquía”, “latifundios” y “terratenientes”, renacen al calor de la toma de tierras y la destrucción de silo-bolsas. Luego del fallido intento sobre Vicentín, no tardará en llegar un proyecto de ley proponiendo la reforma agraria del Siglo XXI.

Impuestos directos, vías jurídicas para alcanzar al patrimonio del accionista y el control de la tierra en un país agroexportador. Todos puntos en apariencia inconexos pero que son parte de una línea que apunta en una misma dirección: la subversión del Estado de derecho, que pasa a convertirse en derecho al servicio del Estado; la ley puesta a distribuir capital y no a propender a su creación.

Es un panorama sombrío para el sector privado, en tiempos de encrucijadas, en los que la ley dominante es la aceleración de los hechos. Ante sus riesgos, quedan la Constitución y la justicia para promover un cambio de actitud histórica, que deje el viejo apotegma en el recuerdo; no combata el capital, sino que lo convierta en artífice de la recuperación. Hay esperanza: las herramientas son muchas y todavía quedan jueces en Berlín.