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Branka Motors pagará $524 millones a los 358 damnificados
Los dueños de Branka Motors acordaron pagar $524 millones a 352 damnificados por estafas en la venta de motocicletas, en un plan de cinco cuotas avalado por la Justicia de San Juan.
POR REDACCIÓN
En una audiencia realizada este viernes en Tribunales de San Juan, los propietarios de la firma Branka Motors formalizaron un acuerdo económico para avanzar en el cierre de la causa penal por estafas vinculadas a la venta de motocicletas. Los hermanos Alexis y Jonatan Marcó, junto a su socio Facundo Banega, se comprometieron a abonar un total de $524 millones en concepto de reparación integral para las víctimas.
El acuerdo fue avalado por la jueza de Garantías, Ana Carolina Parra, y el fiscal Guillermo Heredia, de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. Según lo establecido, 352 personas damnificadas aceptaron la propuesta, mientras que un denunciante optó por no adherir y continuar su reclamo por otra vía judicial.
El plan de pago prevé que cada víctima reciba aproximadamente $1.4 millones. El monto total será abonado en cinco cuotas iguales y mensuales. El primer pago deberá realizarse antes del 25 de abril, mientras que los restantes se concretarán con una periodicidad de 30 días.
Para garantizar el cumplimiento del acuerdo, familiares de los imputados se presentaron como garantes y comprometieron bienes, entre ellos dos inmuebles y vehículos.
De acuerdo con la investigación judicial, la concesionaria operaba bajo un esquema similar a un sistema Ponzi, utilizando el dinero de nuevos clientes para cubrir compromisos previos sin contar con el respaldo necesario para entregar las unidades vendidas. El caso tomó relevancia pública en enero, cuando grupos de damnificados se manifestaron en el centro de San Juan ante la falta de respuestas.
A pesar del acuerdo alcanzado, los tres imputados permanecerán detenidos durante el fin de semana en el Penal de Chimbas. Su eventual liberación y el sobreseimiento en la causa quedarán condicionados al cumplimiento efectivo de los pagos acordados. En caso de incumplimiento, el proceso judicial continuará por la vía penal.