Cómo avanza el acceso al aborto legal en San Juan, a un año de la aprobación

El 29 de diciembre de 2020 empezó una sesión maratónica en el Senado de la Nación que terminó en la madrugada del 30, cuando Argentina se convirtió en uno de los países con acceso legal a la interrupción del embarazo. El debate por el aborto había terminado en el ámbito legislativo y empezaba una etapa diferente, en la cual la legislación cambiaba de forma radical. Más allá de las disidencias, existía un nuevo derecho y una nueva obligación para el Estado, que debía asegurarse de que todos los ciudadanos argentinos fueran iguales ante la ley.

La provincia de San Juan se contaba entre los actores que debían hacerse cargo de la aplicación de la ley y pasado un año la situación ha ido mutando. El Ministerio de Salud de la Provincia es el área encargada de hacer cumplir la legislación, que dicta que tanto en el ámbito público como en el privado debe garantizarse el acceso a las prácticas hasta las 14 semanas.

A pesar de este rol, la cartera que maneja Alejandra Venerando no ha puesto a disposición de la prensa local datos estadísticos de cuántos abortos se solicitaron o cuántos se hicieron en la provincia. Desde Salud aseguraron que toda la información se centraliza a nivel nacional. Esto quiere decir que se envían los datos al Ministerio de la Nación, que publicó recientemente que en el sistema público nacional se realizaron más de 33.000 IVE. Del total, 17.506 se hicieron en la provincia de Buenos Aires, una de las pocas jurisdicciones que publicó datos concretos. A estos números se suman los que se realizan en el sector privado, que no están contabilizados.

En cuanto a las herramientas de acceso, desde Salud Pública aseguraron que desde la sanción “la provincia comienza a trabajar arduamente para lograr el cumplimiento de la ley”. En un documento al que tuvo acceso DIARIO HUARPE, detallaron cuáles fueron algunos de los pasos que se dieron al respecto. 

Tras la aprobación de la ley cualquier mujer con 14 semanas de embarazo o menos, sin importar si es mayor de edad, puede presentarse en un centro de salud, tanto público como privado y los médicos deben garantizar el acceso rápido (en un máximo de 10 días de corrido). La práctica puede ser medicamentosa o quirúrgica y en ambos casos la cobertura es total. En un lugar privado las obras sociales deben cubrir los costos del misoprostol, también los controles post aborto. 

Pero además de la práctica en sí, otro de los derechos que se debe asegurar es el acceso a la información. En un principio San Juan contaba, además de la posibilidad de ir a una guardia hospitalaria, con una sola vía de comunicación no presencial que era la línea telefónica gratuita de Salud Sexual de la Nación. Esto fue criticado por un informe del CEDES (Centro de Estudio de Estado y Sociedad) ya que plantea un paso más: la persona interesada se contacta al 0800-222-3444 y en la línea no se otorga información directamente. En cambio, las operadoras le piden datos a la mujer, se comunican luego con el ministerio nacional que se pone en contacto con agentes sanitarios o autoridades sanjuaninas para que hablen con la interesada.

Desde hace algunos meses el Ministerio de Salud de San Juan sumó otra línea de contacto telefónica, esta vez un número al que no se puede llamar y solo se puede contactar a través de WhatsApp (2644 55-2786). A esta línea, que funciona de 7 a 13 se pueden enviar consultas y según las autoridades sanjuaninas, brindan información sobre la práctica y sobre los lugares a los que se puede recurrir. En las salas de salud, hospitales y micro hospitales provinciales enviaron a poner folletería informativa.

Tras tener información, las personas gestantes deben poder acceder de forma rápida (un máximo de 10 días de corrido) a la interrupción voluntaria del embarazo. Para eso desde Salud debieron garantizar que existieran profesionales en todos los centros de salud de la provincia con equipos de agentes sanitarios que no fueran objetores de conciencia. También debe suceder lo mismo en los hospitales y centros privados, aunque es responsabilidad de los propietarios tener el personal y solo si no lo hacen, Salud Pública debe intervenir.

Las sanjuaninas, al igual que todas las mujeres argentinas deben poder acudir a cualquier centro de salud y solicitar una IVE. La geografía de la provincia y la cantidad de poblaciones alejadas supuso un problema en un principio, pero desde Salud Pública se han garantizado a lo largo del pasado año que en todos los departamentos haya al menos un lugar que pueda cumplir esta función.

En la última etapa, la cartera también conformó una “Comisión Provincial de IVE/ILE”, integrada por profesionales de distintas áreas, miembros de hospitales y asesores legales. La misma establece las políticas que se deben cumplir en la provincia para que se cumpla la ley. También trabajan para “promover equipos psicosociales que se enfoquen en el abordaje de la paciente”, con el fin de agilizar la atención.

Esta comisión también trabaja con otros profesionales de salud, como enfermeros, farmacéuticos o ecografistas y deben, una vez al mes, enviar un informe a la ministra Alejandra Venerando de la situación de la ley IVE en la provincia. Los nombres de los integrantes de este órgano, que cumple estas y otras funciones, no figuran en el documento de Salud Pública.

Si bien el Estado es el responsable de velar por la aplicación de la ley, voluntarias y socorristas sanjuaninas siguen trabajando cerca de las mujeres que quieren acceder a un aborto legal.