Comunidad > "El agua no es privada"
Defensoría del Pueblo reclama informes urgentes por el conflicto del Río del Agua
Vecinos de Divisadero y Guanacache denunciaron ante la Defensoría del Pueblo desvíos ilegales de empresas en el Río del Agua. En este marco, la defensora Florencia Peñaloza envió oficios urgentes.
La lucha por el agua en el sur de San Juan ha tomado un nuevo impulso. Lo que comenzó como una disputa entre las comunidades de Divisadero y Guanacache por la escasez del recurso derivó en una alianza histórica y estratégica para enfrentar lo que consideran el verdadero origen del problema: la apropiación ilegal del cauce del Río del Agua por parte de grandes empresas agroexportadoras. Tras lograr un acuerdo privado homologado judicialmente, que puso fin a años de enfrentamientos bajo la figura de “Amigables Componedores”, los pobladores unificaron sus reclamos y señalaron hacia aguas arriba, donde el río simplemente desaparece en manos privadas.
A finales de noviembre, esta unión se formalizó en un expediente presentado ante la Defensoría del Pueblo, solicitando una intervención urgente ante los desvíos ilegales que afectan tanto el consumo humano como el riego de subsistencia. DIARIO HUARPE se puso en contacto con la defensora, Florencia Peñaloza, para conocer los avances de la causa: “El estado del expediente iniciado a partir del reclamo de vecinos de Divisadero y Guanacache, quienes solicitaron nuestra intervención por irregularidades en la provisión de agua para consumo humano y riego, y por el mal estado de las calles, sigue avanzando”.
La intervención de la Defensoría
El proceso administrativo busca determinar responsabilidades en una red de omisiones estatales que ha permitido, según los denunciantes, que el río sea tratado como una propiedad privada. Peñaloza detalló las acciones emprendidas: “Desde la Defensoría se enviaron oficios a los organismos con competencia en la materia: Municipalidad de Sarmiento, Salud Pública, OSSE, Vialidad Provincial y Dirección de Geodesia y Catastro”. Sin embargo, la respuesta del aparato estatal ha sido, hasta ahora, esquiva.
“Solo Geodesia y Catastro respondió adjuntando una sentencia judicial mediante la cual se la desvincula de responsabilidad e indica que la competencia corresponde al área de Hidráulica”, explicó la defensora.
Ante este panorama de falta de respuestas por parte del resto de las reparticiones y la creciente preocupación de las familias afectadas, la Defensoría ha decidido ampliar el espectro de información. “Se dispuso oficiar también a la Unión Vecinal de Divisadero y Guanacache para que informe sobre los problemas vinculados a la falta de suministro de agua y la calidad de la misma”, añadió Peñaloza.
La funcionaria aseguró que no permitirá que el expediente se estanque en la burocracia: “Los oficios que aún no han sido contestados serán reiterados con carácter de urgencia a cada uno de los organismos correspondientes, a fin de obtener información y soluciones concretas”. Para la Defensoría, el eje del conflicto es claro: “Entendemos que el acceso al agua segura y a servicios básicos es un derecho esencial. Seguimos trabajando para que los organismos responsables brinden respuestas reales y urgentes a la comunidad”.
Un río "privatizado" por empresas agroexportadoras
La denuncia original presentada por los vecinos, con el patrocinio de los abogados Martín Alejandro Mut Paton y Jorge Luis González Narváez, expone una realidad alarmante: la construcción de diques, tomas y represas de gran tamaño que captan la totalidad del caudal del Río del Agua. Según las pruebas aportadas, estas infraestructuras —algunas con más de 20 años de antigüedad— habrían sido levantadas con la aparente venia del Departamento de Hidráulica, beneficiando a firmas como Tambo S.A., Agrícola de los Andes S.A., Viña Santa Clara S.A. y Estancia El Durazno S.A..
Los habitantes han contabilizado más de 10 grandes represas en los campos privados, mientras el cauce natural que debería abastecer a las comunidades permanece seco. A esto se suma la denuncia contra la empresa Calera San Juan S.A., a la que acusan de haberse apropiado de un pozo tradicional del pueblo de Divisadero para su propia planta potabilizadora, agravando la crisis de agua potable en la zona. Los vecinos sostienen que la ausencia de celadores de riego oficiales ha facilitado este descontrol en la distribución del recurso.
El impacto ambiental y el riesgo para el humedal internacional
El problema excede los límites de Divisadero y Guanacache. La desaparición del caudal afecta también a localidades como Pedernal, Retamito, Cieneguita y Tres Esquinas. Pero quizás el impacto más silencioso y devastador se produce en el ecosistema de las Lagunas de Guanacache, un humedal reconocido internacionalmente como Sitio Ramsar. Este reservorio de biodiversidad atraviesa un proceso crítico de degradación hídrica debido a que el agua que debería alimentarlo queda retenida en los campos privados para el riego de proyectos de diferimiento agroexportadores.
Por esta razón, los denunciantes han solicitado la intervención de la Secretaría de Ambiente para que evalúe la legalidad de las obras y sancione el daño ambiental generado en toda la cuenca. “Las empresas están cortando el río como si fuera propio, pero el agua es de dominio público y pertenece a todos”, remarcaron con indignación los vecinos al presentar las pruebas fotográficas que muestran el contraste entre los campos verdes privados y el cauce seco del río.