Duro informe de Human Rights Watch contra el Gobierno: dice que la Corte y el Poder Judicial están en riesgo

Esta semana el Gobierno sufrió un duro revés al publicarse el informe anual de la ONG Human Rights Watch (HRW), la cual se dedica a la investigación y la defensa de los Derechos Humanos alrededor del mundo: el análisis de la Argentina por parte de la organización cuestionó duramente a una serie de medidas y hechos ocurridas durante la gestión de Alberto Fernández.

Desde advertencias por la independencia del Poder Judicial hasta la actitud del oficialismo frente a la prensa opositora y la política exterior con naciones cuestionadas por su falta de respeto a los Derechos Humanos, el reporte anual de HRW critica sin piedad a la Argentina.

LAS PROPUESTAS CONTRA EL PODER JUDICIAL

"Se juzga en los medios y se le pone el sello en la Justicia". Esta explosiva frase pertenece a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y fue pronunciada el pasado 10 de diciembre, cuando el Gobierno organizó un multitudinario acto en Plaza de Mayo para conmemorar el Día de la Democracia y los Derechos Humanos. Acto que fue criticado por su alto nivel de politización.

Esta acusación de la expresidenta se encuentra en línea con lo que Human Rights Watch le critica a la gestión de Alberto Fernández: según la organización las propuestas para reformar el Poder Judicial, desde el Consejo de la Magistratura -órgano clave en el nombramiento y la remoción de jueces inferiores- hasta una amplia modificación de los juzgados a lo largo del país propuesto por el mismo Fernández o cambios en el Ministerio Público Fiscal con un límite al mandato del jefe de los fiscales, representan "un riesgo para la independencia de estas instituciones".

El informe recalca que ciertos especialistas que conformaron el "Consejo de Expertos" que Alberto Fernández reunió para proponer esta serie de reformas a los tres organismos judiciales -Corte Suprema, Consejo de la Magistratura y Ministerio Público Fiscal- "tenían vínculos con funcionarios investigados, incluido el abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuya posición le otorga inmunidad de arresto por múltiples cargos de corrupción".

Además, la organización también advirtió sobre "las demoras en la designación de jueces permanentes", con cargos vacantes hace años: a septiembre del 2021 aún 239 cargos de jueces federales y nacionales permanecían vacantes, advierte Human Rights Watch.

LLAMADO DE ATENCIÓN SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

En línea con la otra pata de la polémica frase de la expresidenta y actual vice, Human Rights Watch también hace énfasis en la postura del oficialismo hacia la prensa: "Autoridades de alto nivel, incluido el presidente Alberto Fernández, han utilizado una retórica hostil contra los periodistas independientes", reporta el informe, asegurando que el Gobierno ha acusado a ciertos medios de "difundir "noticias falsas" al informar sobre temas de interés público, como irregularidades en la distribución de vacunas contra el covid-19".

No obstante, destaca la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública en el año 2016 con el fin de "garantizar el acceso público a la información del gobierno y proteger los datos personales".

Entre el 2017 y agosto del 2021 este organismo ha respondido en el plazo legal de un mes "a la mayoría" de las 20.660 solicitudes presentadas, aunque se presentaron 1220 apelaciones de parte de los ciudadanos, "en la mayoría de los casos después de que las autoridades no respondieran antes de la fecha límite".

LA MALA CONDICIÓN DE LAS CÁRCELES Y LOS ABUSOS DE LA POLICÍA

A través de la presentación de una amplia serie de datos, Human Rights Watch apunta contra el funcionamiento corrupto del sistema carcelario y los abusos de las fuerzas de seguridad, indicando que "la Oficina Nacional Penitenciaria reportó 176 presuntos casos de tortura o malos tratos en prisiones federales en 2020 y 77 de enero a junio de 2021", mientras que la Procuraduría General de la República informó sobre 16 muertes violentas de presos en cárceles federales durante el 2020.

Además, cita al Gobierno al recordar que "casi la mitad de los 11.290 detenidos en prisiones federales no han sido condenados por ningún delito" y aún se encuentran a la espera de un juicio.

En contraste, critica la política de liberación de presos durante la pandemia debido a las condiciones de las cárceles y su dificultad para evitar la propagación del covid-19 dentro de estas, dejando en libertad condicional a un centenar de condenados y sin "ninguna reforma significativa para abordar la prisión preventiva" a la vista al día de la fecha.

Respecto a la violencia policial, una problemática resonante durante el 2021 en la Argentina con asesinatos de jóvenes como Lucas González o Luciano Olivera por parte de las fuerzas de seguridad, Human Rights Watch denunció que "ocasionalmente estas emplean fuerza excesiva", e ilustró: "En 2020, la Defensoría del Pueblo reportó 297 casos de violencia por parte de agentes de seguridad".

Finalmente, ilustró el abuso de poder con las políticas altamente represivas aplicadas en Formosa por su gobernador, Gildo Insfrán, ante la pandemia. La organización tildó a estas medidas como "abusivas e insalubres", recalcando la existencia de centros de "aislamiento" y "cuarentena" en "circunstancias que equivalían a detención arbitraria".

"Las autoridades limitaron la capacidad de los periodistas para informar sobre la situación, presuntamente hicieron uso excesivo de la fuerza contra las personas que protestaban por las normas de la COVID-19 y arrestaron y presentaron cargos penales contra algunos", detalla el informe.

CONTRADICCIONES EN LA POLÍTICA EXTERIOR ARGENTINA

Human Rights Watch comienza este apartado ilustrando el complicado contexto nacional, con especial foco en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el Gobierno se encuentra negociando para reestructurar la deuda de u$s 44.000 millones tomada en 2018 por el expresidente Mauricio Macri.

La presión de este entendimiento se da en el marco de "una profunda crisis económica anterior a la pandemia, que esta empeoró". El informe recalca que esta crisis impacta principalmente sobre los sectores más vulnerables del país, con un 40% de los individuos viviendo bajo la línea de pobreza, según el INDEC.

En este marco, HRW se vuelca hacia la contradictoria trayectoria de la política exterior oficialista: "Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Argentina ha apoyado el escrutinio de la ONU sobre las violaciones de derechos en Bielorrusia, Etiopía, Eritrea, Nicaragua y Venezuela", destaca el análisis, remarcando que en octubre del año pasado el país fue reelegido como miembro para el período 2022-2024.

Además, agregaron que en noviembre del 2021 los diplomáticos argentinos en la OEA (Organización de los Estados Americanos) condenaron las elecciones en Nicaragua afirmando que estas "no fueron libres, justas ni transparentes, y carecieron de legitimidad democrática".

También destacaron la posición de la nación contra la represión de los manifestantes en Colombia y el hecho de que la Argentina "organizó una cumbre virtual sobre cambio climático en septiembre de 2021" con representantes de distintos países.

No obstante, la otra cara de la moneda resulta contradictoria respecto al accionar argentino: aunque se condenó la represión en Colombia, no se hizo lo mismo con las manifestaciones en Cuba, cuando el Gobierno esgrimió su principio de "no intervención en los asuntos internos de los estados".

En línea con esta misma premisa, desde HRW cuestionaron la política exterior argentina hacia Venezuela y Nicaragua, la cual tildaron de "inconsistente" debido a las abstenciones que el país sostuvo ante la OEA al no rechazar ni las elecciones venezolanas en diciembre del 2020 -"consideradas ampliamente fraudulentas"- ni condenar los arrestos de los candidatos y críticos de la oposición presidencial de Nicaragua: aquí nuevamente se puso en juego el principio de no intervención en los asuntos internos de otras naciones.

Finalmente, recalcaron que el año pasado Argentina se retiró del Grupo de Lima, "una coalición de gobiernos que monitorean el pobre historial de derechos humanos de Venezuela", al igual que de una solicitud emitida en 2018 a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional -realizada junto con Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú- "para una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela".

Fuente: El Cronista.