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El Gobierno nacional anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció en conferencia de prensa que la Agencia Nacional de Discapacidad será disuelta y sus funciones pasarán al Ministerio de Salud.
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional confirmó oficialmente el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de una reorganización administrativa del Estado. La decisión fue comunicada en conferencia de prensa por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien detalló que el organismo será absorbido por la cartera sanitaria.
“Tal como está hasta hoy, dejará de existir la Agencia Nacional de Discapacidad. Será absorbida por el Ministerio de Salud”, anunció Adorni, al tiempo que aseguró que la medida no implicará recortes en las prestaciones ni en los programas destinados a las personas con discapacidad.
El funcionario justificó la decisión en supuestas irregularidades en la asignación de pensiones por discapacidad, señalando que el esquema vigente “carecía de los controles necesarios” y que la administración integrada al Ministerio de Salud permitirá “transparentar y optimizar” el uso de los recursos destinados al sector. “No se va a recortar ningún beneficio ni se modificarán las prestaciones”, insistió.
Sin embargo, el funcionario evitó profundizar sobre el contexto político que rodea al organismo en los últimos meses. La Agencia estuvo en el centro de un escándalo de corrupción tras la difusión de audios adjudicados al exdirector del ente, Diego Spagnuolo, exabogado y amigo personal del presidente Javier Milei. En esas grabaciones se hacía referencia presuntamente al pago de coimas para la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad.
Los audios también mencionaban a figuras clave del entorno presidencial, como Eduardo “Lule” Menem y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lo que derivó en fuertes cuestionamientos de la oposición y en presentaciones judiciales que aún siguen su curso. Pese a la gravedad de las acusaciones, Adorni se limitó a remarcar que “todo lo que deba investigarse está en manos de la Justicia”.
El Gobierno sostiene que el traspaso de las funciones al Ministerio de Salud permitirá “reordenar la estructura del Estado”, mientras organizaciones vinculadas a la discapacidad expresaron preocupación por la continuidad de programas, el acceso a insumos y la eventual pérdida de especialización técnica dentro de la administración pública.