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Fondos buitre exigen al gobierno argentino que diga dónde está el oro
Los representantes de los fondos buitre exigen a la jueza Loretta Preska que presione al gobierno nacional que revele el movimiento de las reservas que fueron girados al exterior.
POR REDACCIÓN
Más presión y el reloj de arena sigue girando. En un capítulo más sobre la guerra judicial que sostienen los fondos buitre contra la expropiación de YPF, se conocieron las nuevas demandas legales ante el juzgado del segundo circuito de Nueva York a cargo de Loretta Preska. El pedido esta vez, es que ordene al estado argentino a detallar la ubicación, cuentas y movimientos de sus reservas de oro, cuya información todavía sigue siendo secreta y poco transparente, de acuerdo a las respuestas del Ministerio de Economía de la Nación.
Este movimiento judicial desató el pánico en la cúpula de directivos del Banco Central, presidida por Santiago Bausili. El pedido de los demandantes se fundamenta en la denuncia de una supuesta estrategia de ocultamiento de activos por parte del gobierno para evitar el pago de la sentencia de US$ 16.100 millones de dólares.
Según los demandantes, concretamente, los fondos Petersen y Eton Park, argumentan que el país incumplió la orden de presentar un testigo calificado para declarar sobre el patrimonio nacional. Sostienen que el estado nacional presentó a un expositor “deliberadamente no preparado”, lo cual consideran una maniobra de obstrucción en el proceso de descubrimiento de bienes.
Se sospecha además, que la operación con el traslado del oro a bancos extranjeros, también está “floja de papeles” y expone a las autoridades a una causa penal.
En este contexto, la parte demandante, busca identificar activos embargables para ejecutar la sentencia dictada en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Batalla judicial sin tregua
La información proviene de una carta remitida el 21 de enero de 2026 por el estudio de abogados Levine Lee LLP al juzgado de Preska. En el cuerpo de la nota presentada al tribunal, los abogados afirmaron que “el incumplimiento de la República en producir un testigo calificado forma parte de su estrategia para evadir la ejecución de la sentencia de US$16.1 mil millones, incluyendo la ocultación de más de US$1.000 mil millones en reservas de oro”.
Los fondos de inversión que reclaman su resarcimiento económico por la estatización de un porcentaje del paquete accionario de la petrolera, argumentaron que la falta de respuestas es “grave y continua” y que el daño económico es mayor debido a que el precio del metal alcanzó un máximo histórico.
La presentación judicial señala que funcionarios de alto rango tienen acceso a los datos requeridos. Según el texto, el ministro de Economía, Luis Caputo, posee información directa sobre el traslado de los activos. Para los litigantes, la elección de un testigo sin estos conocimientos “equivale a una falta de comparecencia”.
En caso de que el gobierno alegue falta de acceso a la información del Banco Central, pidieron celebrar una “audiencia probatoria con testimonio de individuos con conocimiento, incluyendo a Caputo y otros testigos”.
Finalmente, el escrito reclama que se ordene a la República Argentina pagar los “honorarios razonables de abogados” de los demandantes por su conducta obstructiva.
Los abogados recordaron que organismos como el Ministerio de Seguridad y la Auditoría General de la Nación (AGN) poseen autoridad legal para acceder a la información sobre el transporte de las reservas.