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Juicio por YPF: Argentina asegura que cumple con la Justicia y niega desinformación
La Procuración del Tesoro de la Nación aclaró que Argentina cumple con todas las decisiones judiciales en el juicio por YPF y desmintió versiones sobre un supuesto desacato.
POR REDACCIÓN
La Procuración del Tesoro de la Nación emitió este miércoles un comunicado para aclarar el estado de situación del juicio por la expropiación de YPF que se tramita en los tribunales de Nueva York. El organismo, encabezado por Santiago Castro Videla, salió al cruce de versiones periodísticas que sugerían un supuesto desacato de Argentina y denunció que Burford Capital, principal beneficiario del fallo en primera instancia por 16 mil millones de dólares, habría lanzado una campaña de desinformación.
Según la Procuración, “la Argentina no se encuentra en desacato” y está cumpliendo “plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes”. Además, calificó como “falsas y carentes de todo sustento jurídico” las afirmaciones que contraponen la posición del Estado en el litigio.
El comunicado detalla que, a partir del 15 de enero, se acordó un cronograma procesal en el que ambas partes intercambiarán escritos, quedando cualquier eventual decisión sujeta a la evaluación del tribunal. Asimismo, sobre el proceso de discovery ordenado por la jueza Loretta Preska para obtener comunicaciones personales de funcionarios y exfuncionarios, la Procuración aclaró que Argentina apeló la medida por considerarla “ilegítima e ilegal tanto bajo el derecho argentino como bajo el estadounidense”.
En ese marco, el organismo señaló que se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información solicitada, con la colaboración voluntaria de la mayoría de los funcionarios involucrados. Sin embargo, calificaron la insistencia de Burford como un “intento inadmisible de hostigamiento contra un Estado soberano y sus funcionarios”, y afirmaron que la maniobra busca “desviar la atención del momento adverso que atraviesa en el litigio”.
La Procuración recordó que las acciones de Burford Capital se derrumbaron un 29% este año, especialmente tras la audiencia de apelación de la causa “madre” y la confirmación de la condena en primera instancia, lo que, según el Estado, refleja un escenario favorable en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
“El interés nacional y el orden jurídico argentino exigen seriedad, rigor y apego a la verdad”, concluyeron, asegurando que la Argentina actúa “conforme al derecho y dentro de los márgenes que impone la ley, lejos de cualquier escenario de desacato”.
Comunicado completo:
JUICIO YPF: ¿CÓMO SE ENCUENTRA LA CAUSA DE CARA AL 2026?
El contexto de discovery que pesa sobre el país y el fallo de apelación pendiente sobre la sentencia de fondo que podría cambiarlo todo.
En medio de versiones que comenzaron a circular en los últimos días, desde la Procuración del Tesoro de la Nación aclararon que la Argentina no se encuentra en desacato en el litigio vinculado a la expropiación de YPF que tramita ante los tribunales de Nueva York. “La República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes”, señalaron fuentes del organismo, y remarcaron que las afirmaciones en sentido contrario “son falsas y carecen de todo sustento jurídico”.
En relación con el proceso de discovery ordenado por la jueza Loretta Preska sobre comunicaciones personales de funcionarios y ex funcionarios, es preciso remarcar que dicha medida fue apelada por el Estado argentino por considerarla ilegítima e ilegal tanto bajo el derecho argentino como bajo el derecho estadounidense. Desde la Procuración del Tesoro explicaron que la Argentina actúa de buena fe. “Se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada, y se está colaborando activamente para obtener el consentimiento de funcionarios y exfuncionarios involucrados”, indicaron, al tiempo que destacaron que “la gran mayoría ha prestado su colaboración de manera voluntaria”.
En ese marco, fuentes oficiales calificaron la orden de discovery como “un intento inadmisible de hostigamiento contra un Estado soberano y sus funcionarios”, en contradicción con el derecho internacional público y con las reglas básicas que rigen las relaciones entre Estados. Según explicaron, esta maniobra responde a una estrategia de la parte actora “para desviar la atención del momento adverso que atraviesa en el litigio”. No debe olvidarse que las acciones de Burford, el fondo que financia la demanda, han bajado 29% en este año.
Asimismo, desde la Procuración del Tesoro desmintieron de manera enfática las versiones sobre eventuales sanciones o un supuesto desacato. “Hablar de desacato es absolutamente falso y especulativo”, afirmaron fuentes del organismo. Detallaron que, a partir del 15 de enero, se acordó un cronograma procesal en el que ambas partes intercambiarán escritos, y que cualquier eventual decisión quedará exclusivamente sujeta a la evaluación razonada del tribunal. “Cualquier afirmación en sentido contrario constituye una operación mediática irresponsable”, señalaron.
En paralelo, las partes se encuentran a la espera de la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la sentencia de fondo, un fallo que podría dejar sin efecto cualquier intento de ejecución o reconocimiento de la condena por más de 16.000 millones de dólares contra la Argentina, recordaron desde la defensa.
“La defensa del interés nacional y del orden jurídico argentino exige seriedad, rigor y apego a la verdad”, concluyeron desde la Procuración del Tesoro, y remarcaron que “la Argentina está actuando conforme al derecho y dentro de los márgenes que impone la ley, lejos de cualquier escenario de desacato”.