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Opinión > Análisis

La exótica actitud de descender en el Cursus Honorum

No hay antecedentes en la historia de nuestro país, de un expresidente/a que luego de haber ocupado la máxima magistratura, haya aceptado ser vicepresidente, máxime por la intrascendencia de ese cargo, desde el cual quien lo ocupa es suplente en el Poder Ejecutivo, y no es legislador en el Senado, aunque lo presida, ya que no debate ni sanciona leyes.

La política de la Argentina es verdaderamente exótica: no hay antecedentes en la historia de nuestro país, de un expresidente/a que luego de haber ocupado la máxima magistratura, haya aceptado ser vicepresidente, máxime por la intrascendencia de ese cargo, desde el cual quien lo ocupa es suplente en el Poder Ejecutivo, y no es legislador en el Senado, aunque lo presida, ya que no debate ni sanciona leyes.

En este sentido resuena aquella recordada frase de Domingo F. Sarmiento cuando le anunciaron que el entonces Colegio Electoral lo había sido elegido presidente de la República por el período 1868-1874, y que la designación del vice había recaído en Adolfo Alsina, con quien no tenía buena relación: “no importa -dijo el sanjuanino- solo se dedicará a tocar la campanita en el Senado”.

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Obsérvese que sin contar a Mauricio Macri, treinta y tres diferentes presidentes constitucionales han gobernado a la Argentina desde que el 5 de marzo de 1854 asumió la primera magistratura el Gral. Justo José de Urquiza. Pues de todos ellos, después de haber terminado sus mandatos, nueve fueron senadores nacionales: Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Pellegrini, Uriburu, Alfonsín, Rodríguez Saa, Menem y Cristina Fernández (en la actualidad hay tres expresidentes en ejercicio del cargo senatorial: Menem, Rodriguez Saa y Fernández). Dos fueron ministros del Poder Ejecutivo: Sarmiento y Roca. Uno fue gobernador de provincia: Urquiza, quien condujo los destinos de Entre Ríos, tal como lo había hecho antes de su presidencia. Dos fueron diputados nacionales: Rodríguez Saa y Kirchner. Uno fue Director de Escuelas de la provincia de Buenos Aires: Sarmiento. Otro fue rector de la Universidad de Buenos Aires: Avellaneda. Hubo también convencional constituyente durante la reforma de 1994: Alfonsín; y otro fue representante argentino en el Parlasur: Rodríguez Saa. Tres fueron embajadores: Mitre, Cámpora y Figueroa Alcorta.

Solo uno fue juez, ocupando un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: José Figueroa Alcorta. Por último tres fallecieron en ejercicio de su mandato (Manuel Quintana, Roque Sáenz Peña y Juan Domingo Perón)

Fuera de estos tres últimos, y de los catorce presidentes que no ejercieron ningún otro cargo público al finalizar sus mandatos, ninguno de los que decidió mantener su actividad política tuvo voluntad ni intención de ser vicepresidente de la Nación.

Pero al mismo tiempo el vicepresidente está ubicado en el superpullman del teatro político, toda vez que, de la intranscendencia, puede quedarse con todo el poder hasta la finalización del período iniciado por el presidente al que eventualmente reemplace. Fe de ello pueden dar Carlos Pellegrini, José Evaristo Uriburu, José Figueroa Alcorta, Victorino de la Plaza, Ramón Castillo y María Estela Martínez de Perón, quienes debieron asumir la presidencia por ausencia definitiva de quienes fueron sus presidentes.

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Con relación a la actitud asumida por Cristina Fernández en los últimos días, de autoproclamarse precandidata a vicepresidente de Alberto Fernández, o tenemos la ingenuidad de creer que lo hizo para demostrar que es capaz de descender en el cursus honorum de la política, bajando al escalón vicepresidencial, o somos realistas y entendemos que desde la vicepresidencia puede manejar los hilos sin el riesgo de asumir responsabilidades formalmente.

Jamás es bueno que, en un país, el poder real lo tenga alguien diferente a quien tiene el formal que otorga el bastón de mando y la banda presidencial. A la larga el poder real fagocita al formal con las consecuencias que ello tiene en el ámbito institucional.

De cualquier modo vale la pena advertir, que si la intención de Cristina Fernández ha sido la de lograr tener a alguien que pueda indultarla frente a una eventual condena en algunas de las varias causas que tiene en su contra, las penas que pudieran recaer en la mayoría de ellas son in-indultables, toda vez que desde el año 1994, la Constitución Nacional equipara a los actos de corrupción con el delito de “atentado contra el orden constitucional y el sistema democrático”, asignándoles a ambos, como consecuencia, la inhabiltación de por vida para ocupar cargos públicos, así como también la imposibilidad del indulto.

Por último vale la pena advertir, que a los efectos de una futura reelección, el hecho de ocupar eventualmente la vicepresidencia en el periodo 2019-2023, no le impediría acceder a la presidencia en el período siguiente, pero sí en el período 2027-2031, porque a los efectos de la reelección, da lo mismo ocupar el cargo de presidente que de vice.

 

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