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La Justicia de San Juan rechazó amparos de estatales echados y del SEP
La Justicia de San Juan le dio la derecha al Gobierno ante los amparos que presentaron empleados estatales cesanteados que ingresaron en la última etapa de la gestión anterior.
Por Marcos Ponce
En dos resoluciones distintas, el juez del Primero Civil, Héctor Rollán, le dio la derecha a la gestión que encabeza Marcelo Orrego al respecto de los amparos presentados por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y los estatales cesanteados por ingresar seis meses antes de que haya cambio de gestión.
Fallo contra el Sindicato Empleados Públicos San Juan by Diario Huarpe on Scribd
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El juez Rollan primero resolvió el martes 30 de enero rechazar tres amparos presentados por siete estatales que se vieron afectados por la decisión del actual gobierno de dejar sin efecto los ingresos a planta permanente de los últimos seis meses de la gestión que encabezó Sergio Uñac. El magistrado fundamentó que la acción no se hizo por la vía idónea.
Un día después, es decir este miércoles 31 de enero, el mismo juez también le puso freno y rechazó el amparo que presentó el abogado Leandro Lisandrello en representación del SEP. En este casó dictaminó “tener a los amparistas por desistida de la presente acción, al haberse verificado el vencimiento del plazo de 3 días para notificar a la accionada, previsto en el art. 540 del C.P.C.”.
Además, el magistrado indicó que se archive el expediente y no dar trámite o expedirse respecto a las demás cuestiones planteadas en la acción de amparo. Y, también ordenó que las costas, es decir los gastos generados en el trámite judicial, estén a cargo de los que presentaron el amparo.
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El amparo del SEP
Desde la sede del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), el abogado Daniel Lisandrello dio cuenta de los amparos presentados en la Justicia. Sobre esto, el letrado afirmó que “no se respetaron pasos administrativos en este decreto”.
La Justicia no analizó si los pasos administrativos se respetaron o no, como indicó el abogado, pero sí definió que no corresponde suspender la medida de gobierno por esa cuestión.
El decreto que firmó Orrego
El gobernador ha tomado decisiones firmes para el cumplimiento estricto del artículo 46 de la Constitución Provincial, la Ley de Responsabilidad Fiscal y Ley de Emergencia Económica, que establecen la prohibición de realizar nombramientos en los seis meses previos al término del mandato, habida cuenta de la situación económica que atraviesa el país y del que nuestra provincia es parte. El Estado no puede incorporar miles de personas a la administración pública, incrementando el gasto y poniendo en riesgo las finanzas de la provincia.
En consonancia con la reducción del 30% de los cargos políticos anunciado en el día de ayer, estas nuevas medidas consisten en la baja de contrataciones, renovaciones y pases a planta permanente de personal contratado realizada en los últimos meses del mandato anterior.
Además, se invalidaron las extensiones de contrato que se realizaron con la gestión anterior. Todo esto se completó con la conformación de una Comisión Evaluadora que está revisando los casos puntuales para garantizar los derechos de los mismos.
Dato
Los estatales, apoyado por el SEP, que realizaron el amparo deberán hacerse cargo de las costas del proceso.