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Opinión

Mendoexit y el "Efecto Uruguay"

La historia tiene momentos de apertura y otros de ensimismamiento. El encierro para combatir la peste es, sin dudas, una fuerza eminentemente centrípeta, de introspección: nadie será el mismo cuando esto haya pasado, ni las personas, ni las sociedades, ni las economías, ni los países.

En medio de una cuarentena con perfiles de duración indefinida en Argentina, los tejidos institucionales están en tensión máxima. La eficacia de las normas empieza a perder vigor y peligrosamente nos acercamos a un estado de anomia en muchos ámbitos. A eso se suma que el modelo de represión aguda de las libertades civiles y económicas, elegido como camino para controlar el virus, ha generado un doble efecto: uno internacional, con una tendencia de ciertos sectores a la diáspora, con el “efecto Uruguay” como horizonte, en la búsqueda de estabilidad económica y social; otro local, con un escrutinio a nivel provincial, donde se puede augurar una suerte de competencia entre las jurisdicciones, en la que tendrán mayor magnetismo aquellas que logren sumar a la revalorización de las condiciones de vida locales, un régimen institucional y de libertades predecible.

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Es en ese marco que se ha puesto en el tapete un asunto geopolítico: el “Mendoexit”, que no es ni más ni menos que la posibilidad de las provincias de renunciar a ser parte de la Confederación Argentina. Más allá de los límites de nuestra Constitución, el lamento institucional deja algo en claro: cuando el Estado Federal no resuelve los asuntos materiales para las Provincias, sus gobiernos enfrentan un gran problema. Hay dos cuestiones centrales, íntimamente relacionadas: una deuda soberana en estado de default absurdo y la caída de la recaudación a todo nivel, producto del aislamiento.

Muchas provincias están desde hace meses a la espera de que se resuelva el entuerto de la reestructuración de la deuda para hacer lo propio con las suyas. La dilación ha llevado a algunas al default, y a otras a realizar pagos que podrían haber tenido un destino más urgente y útil. La impericia negociadora ha derivado en la falta de crédito e inversión, centrales para cualquier recuperación. De su lado, la caída de la recaudación y un reparto cada vez más discrecional de los fondos federales, profundiza su estado de emergencia, con una impotencia fiscal cada vez más aguda. Ante un federalismo puesto así en entredicho, se entiende el enojo y el planteo. No es algo nuevo en nuestra historia: se remite hasta el virreinato, a los orígenes de la patria. Asunto central y sin resolver hasta el día de hoy; tanto, que sigue en mora una ley de coparticipación federal. Es justo reconocer que no es sólo un tema de nuestra Argentina. Esta misma discusión está ocurriendo en México con intensidad creciente; pasó en Europa, pero se acomodó con prontitud con el control del virus; lo mismo en Estados Unidos. El poder central, cuyas políticas instalaron el problema, aparece a la vez como la principal víctima de la autopista tecnológica inaugurada por la pandemia. La poderosa infraestructura digital y la nueva manera de vivir a la que la sociedad ha sido forzada, permiten saltear el otrora paso obligado por la Capital Federal. La moneda, como atributo de soberanía, también aparece menguada en una sociedad más dispuesta a transar en criptoactivos o en cualquier otra unidad que no esté a merced de la impresión desmedida ni de los controles draconianos de las autoridades regulatorias. Las nuevas condiciones han alimentado la fantasía de una existencia más liviana y autónoma. La disponibilidad de medios tecnológicos y la nueva manera de vivir comienzan a amenazar el status quo. En la medida que se extienda y profundice la crisis derivada del COVID, el protagonismo de las autoridades provinciales será forzadamente cada vez mayor en todos los planos: tendrán que ver el modo de hacerse de recursos para lo inmediato, y de pensar en financiamiento e inversiones para lo mediato. Un federalismo que se resiente, pero toma fuerza desde la necesidad. En el ámbito privado, habrá que considerar con mucho tino cada jurisdicción, con una planificación muy cuidadosa. Ya no será suficiente una mirada centralizadora que dé respuesta a la distancia. Habrá que estar atento, muy atento, a la realidad de cada provincia. Esperemos que el éxodo al exterior no se acentúe, como en tiempos no tan lejanos, y se convierta en una sana competencia entre gobiernos locales, que deje de lado los feudalismos de fronteras e impulse marcos normativos competitivos para la recuperación del país. Son tiempos desafiantes. Son tiempos de oportunidades.

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